La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, de Cádiz, ha vuelto a denunciar públicamente la grave situación que sufren los bomberos de toda la provincia, debido a los recortes y falta de inversión y mantenimiento por parte del Consorcio provincial de Bomberos (organismo dependiente de Diputación y gobernado por el PP). A CSIF no le sirve que el Consorcio se escude en sus políticas de ‘ahorro’ para dar a los bomberos material de intervención usado, obsoleto, y en algunos casos caducado, y que, por supuesto, no cumple con los mínimos requisitos de homologación marcados en la legislación vigente. Para CSIF, es incomprensible que el mantenimiento de los camiones y otras herramientas se esté llevando a cabo por el propio personal del cuerpo sin que dicho personal se encuentre cualificado u homologado para ello. CSIF advierte del grave riesgo al que se está exponiendo a los bomberos, sobre todo en la utilización de los anclajes, cinturones de seguridad, trajes de intervención NOMEX, los cascos y los vehículos, muchos de ellos con más de 16 años de servicio. Al mismo tiempo, CSIF recuerda que varios parques, como los de Sanlúcar y Tarifa, están denunciados ante la inspección de trabajo por el pésimo estado que presentan. Dichas instalaciones son verdaderas “cochineras”, que habría que derruir inmediatamente, ya que difícilmente puede desarrollarse ningún tipo de actividad laboral, y menos las propias del servicio de bomberos. Se está exponiendo a los trabajadores, y de paso a los vecinos del entorno de los citados parques, a los riesgos cancerígenos propios del uso de materiales como el amianto.La sección sindical de CSIF en Bomberos no entiende cómo los dirigentes del PP, que gobiernan el Consorcio, bajo el amparo y cobertura de la Diputación de Cádiz, hablan de superávit en sus presupuestos cuando a todas luces existe un grave deterioro en sus instalaciones y materiales por falta de inversiones de reposición y mantenimiento. A todo esto, hay que sumar que la falta de personal (la plantilla está al 40% de lo que recomienda la Unión Europea), pues actualmente existen aproximadamente unas 100 vacantes, que no se cubren bien por falta de dinero, bien por falta de voluntad política.Así, CSIF exige a ambas administraciones que cesen en sus prácticas, a todas luces irregulares, y pide, a quien corresponda dentro del Consorcio y la Diputación, acabar con estos dislates y esta política de hipocresía, ya que estamos hablando de la seguridad de muchos ciudadanos y de los propios trabajadores.
