La Comisión Europea ha ampliado el expediente que abrió en octubre de 2013 contra el régimen del impuesto de sociedades en Gibraltar y ahora también investigará 165 acuerdos tributarios con empresas por considerar que podrían incluir ayudas ilegales a sociedades que no generan sus ingresos en el Peñón.

La extensión de la investigación permite a las partes interesadas presentar sus observaciones y no prejuzga el resultado de las pesquisas, según ha informado el Ejecutivo comunitario . En un comunicado, el Gobierno gibraltareño ha insistido en que Bruselas «sólo está expresando dudas y pidiendo más información», ya que de momento no hay «conclusiones formales».

El Ejecutivo de Fabian Picardo, sin embargo, sí ha apuntado que el anuncio de la Comisión incluye un «error básico», ya que las decisiones tributarias anticipativas ya estaban en vigor antes de la entrada en vigor de la ley fiscal de 2010.

Gibraltar ha querido responder a la «impresión injusta y equivocada» de que sus autoridades fiscales conceden exenciones sin realizar una «evaluación adecuada». Esta hipótesis es «incierta» e «inaceptable», ha destacado el Gobierno del Peñón.

La Comisión Europea «teme que todas las decisiones anticipativas puedan contener ayudas estatales» y duda de que sean compatibles con las normas sobre ayudas públicas, algo a lo que Gibraltar ha respondido asegurando que toda su regulación encaja «dentro de los parámetros establecidos» por la UE.

SUPUESTA PARCIALIDAD

El ministro principal del Peñón, Fabian Picardo, ha cuestionado la independencia de las instituciones de la UE y ha dicho tener cada vez menos «confianza» en sus trabajos, toda vez que aquellos órganos en que «los españoles pueden influir en el resultado» terminan pronunciándose de forma «negativa» sobre Giraltar.

En este sentido, ha criticado los «prejuicios» de dirigentes como Almunia, si bien ha dicho que su Gobierno trabajará con quien asuma la cartera de Competencia en la próxima Comisión Europea.