Alejandro Sánchez, mano derecha del secretario de Estado de Seguridad, se enfrenta a cuatro años de cárcel por estafa. La Audiencia Provincial de Cádiz ha confirmado la imputación de Sánchez, director de gabinete del secretario Francisco Martínez, por un presunto delito de estafa en la modalidad de doble venta, según ha confirmado este diario.La historia viene arrastrada de cuando este alto cargo del PP era alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz) donde, precisamente por ser alcalde, también ostentaba el cargo de presidente de la empresa pública Emusvil S.L., la empresa de la vivienda pública de La Línea.Ahora, después de desestimar su pretensión de que no se le imputara, el ex alcalde y actual jefe de Gabinete del número 2 de Interior se sentará en el banquillo junto a otras dos personas que también ostentaban responsabilidades en aquella empresa pública.La instrucción del caso, que ha durado más de tres años, comenzópor la denuncia de un empresario al que el Ayuntamiento de La Línea todavía debe dinero actualmente. Este empresario contrató en 2007 el alquiler, por unos 300.000 euros, de un recinto para congresos a este Consistorio gaditano. Él pagó, pero el Ayuntamiento no cumplió su parte y nunca le alquiló el local.En aquel entonces, Alejandro Sánchez no era aún alcalde de La Línea. De hecho, Sánchez fue investido regidor en 2009 porque al anterior mandatario lo condenaron a seis meses de inhabilitación.Un local en compensaciónYa en 2009, el empresario tuvo una reunión con Emusvil y pactó que se le compensaría con la propiedad de un local comercial y dos plazas de garaje. Se realizaron las obras de construcción del local y, en 2010, se intentó renegociar con él aquel trato. El empresario se negó, y al final Sánchez, ya como alcalde y presidente de Emusvil, firmó un contrato para adjudicarle aquellos bienes inmuebles al empresario.Sin embargo, paralelamente, la empresa pública había negociado con otro empresario, llegando a escriturarle el mismo local. Otro de los procesados, Juan Carlos Montero, firmó la escritura de compraventa con el segundo empresario ya en 2011, por lo que Emusvil incumplió el contrato que tenía con el primero. Sánchez negó ante el juez conocer cualquier extremo de los hechos, pero según declaró durante la fase de instrucción la tercera persona imputada, Mari Cruz Atienza, el alcalde era conocedor de que se estaba realizando una doble venta con el local.«Consideramos que debe mantenerse la imputación del apelante por un delito de estafa, en la modalidad de doble venta», dice la Audiencia Provincial de Cádiz en la contestación al recurso de Sánchez, lo que deja ya vía libre para que sea juzgado.El mismo auto de la Audiencia, proveniente de la sección de Alegeciras, se explica que, pese a los argumentos de Sánchez,deberá ser en el juicio oral donde se dirima si hubo dolo por su parte o no.El juez instructor afirma que los tres imputados «a pesar de que eran conscientes de que dicha transmisión supondría una doble venta, y que, por ende, conllevaría una actuación administrativa injusta (al carecer del más mínimo sustento legal), se dedicaron a buscar un segundo comprador para el citado inmueble».En cambio, sí que desimputa al jefe de gabinete del secretario de Estado de Seguridad de un presunto delito de prevaricación, que se le imputó en principio por un error administrativo, porque él actuó en esta presunta estafa como presidente de una empresa, no como alcalde, y por tanto no habría lugar a prevaricación ninguna.La acusación particular, que representa al empresario estafado, pide cuatro años de prisión para el ahora asesor del secretario de Estado. Ayer, fuentes de Interior explicaron a este diario que Sánchez todavía continuaba siendo director del gabinete de la Secretaría pese a la imputación.
