IAM/Redacción El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó ayer el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, PPCA previsto en el decreto ley de medidas urgentes de 2012 para garantizar la preservación de los espacios no urbanizados de la franja costera y evitar el deterioro de su paisaje.
Con el desarrollo de sus medidas, se protegerá el 55% de la superficie total de estas zonas en la comunidad autónoma.En el término municipal tarifeño la consecuencia directa de esta aprobación es el frenazo al desarrollo del SL-1 Valdevaqueros, cuyo plan parcial aprobaron en pleno de mayo de 2012 todas las fuerzas políticas a excepción de IU que votó en contra y la abstención de ULT, y que prevé que la empresa GTM construya en el entorno, 348 viviendas, establecimientos hoteleros con capacidad para 1.423 plazas turísticas sobre unas superficies totales de 117.651,56 y 93.191,38 metros cuadrados respectivamente, además de una zona de equipamiento turístico privado, principalmente de uso comercial, en 6.947,02 metros cuadrados en las proximidades de la playa y el Río del Valle. El planteamiento era urbanizar tanto la extensión localizada desde la carretera N-340 hacia el interior, como la zona situada a poco más de 100 metros de la línea de costa que el plan destina a espacios libres de carácter público.Ya en junio del pasado año desde la Junta ya se ponía remilgos a urbanizar Valdevaqueros y tras la aprobación ayer, el freno al plan urbanístico de carácter privado, pero defendido por el PP como un plan “salvador de Tarifa”, la Junta blinda el entorno de Valdevaqueros, protegiendo así uno de los principales activos del término municipal, el propio entorno natural. Y es que desde la Junta ya se había manifestado al respecto de este desarrollo que “sería una monstruosidad comparable con el Algarrobico».La consejera de Medio Ambiente en funciones, María Jesús Serrano (PSOE), defendió tras la celebración del consejo que el plan prima la calidad del crecimiento urbanístico frente a la cantidad y se refirió expresamente a Valdevaqueros cuando destacó que la Junta aprueba el documento «con una visión de futuro, a medio y largo plazo» frente a la colmatación que ha sufrido el litoral en los últimos años. «Merece la pena hacer un último esfuerzo para cerrar el paso a la especulación», razonó la consejera, quien recordó que el plan impide proyectos como El Algarrobico, en el litoral almeriense, o el ya citado de Valdevaqueros.Ahora y falta de la publicación de la cartografía resultante del trámite de alegaciones, la Junta preveía aplicar el máximo grado de protección a 357 hectáreas de Tarifa, con los sectores de Valdevaqueros (74,13 hectáreas); Las Piñas (83,44); Torre de la Peña (37,07); Los Lances (61,6) y Pedro Valiente (101,23 hectáreas).El nuevo instrumento de planificación fija los objetivos y criterios a los que ha de atenerse el planeamiento municipal en relación con aquellos terrenos que destacan por sus valores ambientales, naturales, paisajísticos, culturales, agrícolas y forestales.El objetivo central se orienta a garantizar la conservación y revalorización de la franja comprendida en los primeros 500 metros de la costa, así como de todas aquellas zonas necesarias para asegurar las finalidades de protección. Este espacio, que ocupa un 9% de la superficie de Andalucía y acoge al 40% de su población, se considera un activo de primer orden para la competitividad turística y para las principales actividades económicas de la región.El objetivo del Gobierno andaluz es frenar previsiones de crecimiento elaboradas hace años (fundamentalmente en las décadas de los 80 y 90) y no acordes con las exigencias actuales. Durante las últimas cinco décadas, la intensa actividad económica ha dado lugar a que ya se encuentren ocupados casi el 40% de los terrenos situados en los primeros 500 metros de costa, frente al 7% de mediados del siglo pasado.El documento establece medidas para evitar la consolidación de nuevas barreras urbanas entre los espacios interiores y los costeros; favorecer la biodiversidad a través de la continuidad de ambos, y armonizar la regulación del suelo no urbanizable en los municipios costeros.Con estas medidas se garantizará la protección del 55% de la superficie del litoral andaluz (un 86% si se excluyen los ámbitos urbanos), lo que supondrá incrementar en un 50% el total preservado.El desarrollo del plan no afectará en ningún caso al normal funcionamiento del mercado inmobiliario, ya que los municipios litorales disponen actualmente de suficiente suelo urbanizable para satisfacer las demandas de crecimiento. De hecho, en la franja de los 500 metros existe capacidad para la construcción de unas 143.000 viviendas.Durante el periodo de elaboración del Plan de Protección, que arrancó con el decreto ley de 2012, la Junta ha mantenido la suspensión cautelar de la tramitación urbanística de los suelos urbanizables no desarrollados en los 52 municipios costeros que no tienen adaptada su normativa al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). Entre otras exigencias de sostenibilidad, esta planificación básica limita los crecimientos urbanísticos de los municipios en máximos del 30% de la población y en un 40% del territorio.Defensa del dominio públicoAl intervenir sobre la zona de influencia del litoral, caracterizada por ser la de mayor actividad urbanística, el plan contribuirá también de forma indirecta a la defensa del propio dominio público marítimo-terrestre. En este sentido, el reforzamiento de las condiciones para garantizar la sostenibilidad contrasta con la desregulación que para dicho dominio –de competencia estatal– ha primado en la reforma de la Ley de Costas aprobada por el Gobierno central en 2013.Para la elaboración de este instrumento de planificación territorial, los servicios técnicos de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio han analizado los 918 escritos presentados y las 3.547 alegaciones formuladas por los municipios afectados, organizaciones sindicales, empresariales y ecologistas, grupos profesionales, universidades y ciudadanos. Un 35% ha sido incorporado a la redacción final.De los 62 municipios incluidos en el ámbito de influencia del plan, han presentado alegaciones 48, además de las diputaciones provinciales de Málaga y Granada. El 55% del total han sido planteadas a nivel particular por ciudadanos
