La Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar ha desarrollado a lo largo de sus años de historia una actividad encaminada tanto a la prestación de determinados servicios para las poblaciones integradas en la misma como de interlocución política ante diferentes cuestiones de interés común.Sin embargo, ambos papeles, el político y el relacionado con los servicios, no han mantenido un peso similar en la actividad de la Institución en años recientes. Especialmente en el último mandato, se ha agudizado una tendencia en la que Mancomunidad ha sido “engullida” por la empresa Arcgisa, quedando su vertiente política reducida a la mínima expresión. La institución ha asumido un perfil plano e irrelevante ante cuestiones de muy hondo calado sucedidas en nuestra comarca y que precisan de una unidad de acción que los últimos gobiernos de la Mancomunidad han sido incapaces de asumir.Paralelamente a esa intrascendencia política ganada a pulso por la institución, la empresa pública Arcgisa se ha consolidado como un referente cuyo volumen de plantilla y recursos la colocan entre las primeras de la comarca. No obstante, la filosofía estrictamente mercantilista con que se gestiona, ha provocado que su acción cotidiana la equipare a cualquier empresa privada que tiene en la maximización de beneficios y la minimización de costes su única razón de ser. Una empresa pública debe garantizar la eficacia, eficiencia y calidad de los servicios que tiene encomendados, pero también debe incorporar medidas correctoras que acentúen su función social, velando por que el acceso a los servicios mancomunados no esté al alcance sólo de quien pueda pagarlos.Desde Izquierda Unida, el acuerdo por los servicios públicos rubricado en su día por PSOE y PP ha sido un fiasco. Bajo ese nombre se ha consolidado de facto y de derecho un reparto de liberados políticos que nada tiene que ver con la supervisión del correcto funcionamiento de Arcgisa desde esos parámetros sociales que nos parecen imprescindibles. Vaciado de contenido el Gobierno de la Mancomunidad como institución comarcal, el verdadero gobierno mancomunado se ha ejercido desde la empresa, algo que no ha hecho sino incrementar una sensación creciente de inutilidad en torno a la propia existencia de la mancomunidad de Municipios como herramienta política.Temas cruciales como los dramáticos índices de desempleo comarcal, la destrucción de pymes, la falta de oportunidades para la juventud o el escandaloso agravio que padece el Campo de Gibraltar en materia de infraestructuras, sumados a las consecuencias negativas en lo económico y lo social que han venido aparejadas al enrarecimiento de las relaciones con Gibraltar, son ejemplos claros de asuntos en los que hace falta una respuesta consensuada, contundente y clara en defensa de los intereses de nuestra comarca tanto ante el resto de administraciones como ante los agentes económicos y sociales.Por todo ello, para Izquierda Unida un eventual cambio en el Gobierno de la Mancomunidad propiciado únicamente por nuestro apoyo en la investidura del nuevo presidente o presidenta pasaba de un lado, por recuperar el peso político de la Mancomunidad, tejiendo consensos que hagan oír nuestras reivindicaciones comarcales más allá de nuestro territorio. De otro, por disolver el acuerdo mantenido hasta la fecha con el PP por los servicios públicos, democratizando la toma de decisiones en Arcgisa e imprimiéndole criterios de gestión más sociales. Una vez garantizados ambos extremos por el PSOE, iniciamos un diálogo que se concretó en varios puntos a desarrollar durante el mandato y fiscalizados en su cumplimiento por una comisión de seguimiento:• Puesta en marcha y aplicación del Mínimo Vital Básico de Agua como derecho humano y universal, con una aplicación de un suministro vital de 3 m3 por persona y mes a todos los usuarios del servicio de aguas y basura que se encuentren en situación de exclusión social o insolvencia económica, sin coste alguno para el usuario, siempre que esta situación personal o familiar esté debidamente justificada por los servicios sociales.• Eliminación permanente de la tasa de recogida de residuos y alcantarillado para jubilados y pensionistas según Renta.• Bajada generalizada de las tasas de agua y recogida de residuos.• Abaratamiento de los costes en la acometida de agua.• Revisión de la estructura de Arcgisa, contemplando una restructuración que permita el abaratamiento de costes. Así mismo Arcgisa pasaría a tener un consejo de administración representado por todas las fuerzas políticas.• Creación de una bolsa de empleo pública.• Eliminación de cargos políticos y adscritos a estos cargos, tanto en Mancomunidad como en Arcgisa, pasando de los 11 de la actualidad a 3 únicamente, presidente y dos vicepresidencias.• Reparto paritario de los miembros de la Junta de Comarca. La Mancomunidad debe ser un órgano de municipios o localidades, no de partidos políticos, por consecuencia independientemente el número de población de cada localidad, se pasaría a tener el mismo número de representantes en la Junta de Comarca.• El programa de gobierno deberá ser consensuado entre ambas fuerzas políticas.Sobre lo sucedido con relación al método de elección de nuevo presidente o presidenta.Desde Izquierda Unida consideramos que cualquier método de elección de presidente o presidenta que cumpla los requisitos legales y estatutarios de la institución es igualmente válido. No entramos en las cuestiones procedimentales desde un punto de vista formal. Sin embargo, sí hacemos una lectura política del cambio propuesto unilateralmente por el PP y trasladado al resto de grupos por parte del Presidente en funciones. En nuestra opinión un cambio de semejante naturaleza debiera haberse planteado antes de celebrarse las elecciones, toda vez que imprime un giro de 180 grados al proceder tradicional de la Mancomunidad. El número par de miembros de la Junta de comarca debiera haber llevado a la reflexión, siempre previa a las elecciones, de la necesidad de llenar de contenido preciso el vacío estatutario sobre cómo se dirime un eventual empate en la votación, si es que el procedimiento habitualmente utilizado de mayor número de representantes no se consideraba adecuado para ello. Hacerlo una vez conocidos tanto los resultados como su traducción en número de representantes de cada grupo político, imprime un claro sesgo partidista al cambio propuesto, algo que desde un punto de vista ético nos parece inaceptable. Profundizar en la calidad democrática de las instituciones imprimiéndoles transparencia, participación ciudadana y reglas del juego claras es una aspiración social sobre la que la ciudadanía interpela a sus representantes públicos de manera cada vez más contundente. Por tanto, queremos despejar cualquier duda sobre nuestra posición al respecto. Nuestro rechazo al procedimiento está desvinculado del apoyo a la investidura a una u otra fuerza política. Aún no habiendo alcanzado un consenso satisfactorio para la investidura de un Presidente o Presidenta del PSOE, el voto negativo de IU al método propuesto para la elección también se habría producido.
