IAM/Redacción José María González, en nombre de Podemos Cádiz, exige el cierre definitivo de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y muestra su apoyo a los que “legítimamente protestan ante una vulneración constante de los derechos fundamentales”, en relación a los migrantes que esta madrugada han denunciado su situación subiéndose a la azotea del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) en Aluche (Madrid).
Para González y la formación morada en la ciudad, la protesta de Madrid “no es un motín, es una movilización ciudadana y una reclamación de la justicia más elemental”.En este sentido, González recuerda que en el pleno de Diputación del mes pasado ya pidió el cierre de este tipo de centros. “Los CIE constituyen espacios opacos en los que no se garantizan adecuadamente derechos tan básicos como la salud física y psicológica, la educación o la identidad; pero tampoco derechos fundamentales como lo son el derecho a la vida personal y familiar, a la intimidad, a la integridad física, al acceso a la justicia, o incluso en la propia vida”, argumentó durante el debate de una propuesta de Ganemos Jerez en la que se pedía el cierre inmediato del CIE de Algeciras y de Tarifa y su negativa a que, en un futuro, se instale en su término provincial cualquier tipo de edificio o instalación pública que tenga como objetivo la privación de libertad e internamiento de personas inmigrantes por el simple hecho de su situación administrativa.
En esta propuesta, que salió adelante con el voto en contra del PP, también se instaba al Ministerio de Interior para que pusiese en marcha un plan para sustituir los CIEs por pisos tutelados por ONG e instituciones donde se garanticen los derechos de las personas y la Diputación se comprometía a colaborar con este plan.González recuerda que la situación de los CIEs de Algeciras y Tarifa son “absolutamente inadmisibles”. En el caso de Algeciras, “las instalaciones del CIE se encuentran ubicadas en el edificio del antiguo Centro Penitenciario de la Piñera, instalaciones clausuradas en el año 2000 porque las deficientes condiciones del edificio hacían inviable su continuidad”. Además, añade el alcalde y diputado provincial, “pese a que por imperativo legal un Centro de Internamiento de Extranjeros no tiene carácter penitenciario, el de Algeciras posee una impronta carcelaria absolutamente notoria e imposible de mitigar al tratarse de un edifico que sencillamente fue concebido como una prisión”. Y, añade, “sus condiciones son absolutamente deplorables, tanto para las personas internas como para las personas que allí trabajan”.
El caso de Tarifa es aún más “sangrante” si cabe ya que ni siquiera “existe Orden del Ministerio del Interior que habilite su creación”. Así, el CIE de Tarifa se encuentra en un limbo legal “aún mayor que el que ya de por sí tienen los CIEs”. “Esta apariencia de funcionamiento provisional y dependiente del CIE de Algeciras ha servido para encubrir o disfrazar la realidad de estas instalaciones constituidas, en realidad, de forma totalmente irregular como un CIE totalmente independiente tanto en funcionamiento como en organización interna”, explica González que recuerda que esta situación ha sido denunciada no sólo por diferentes colectivos sociales, sino también por la propia Fiscalía General del Estado o el Defensor del Pueblo. “El CIE de Tarifa es absolutamente ilegal desde el momento en el que se está procediendo al internamiento y privación de libertad de personas en un lugar no habilitado a tal efecto, con vulneración expresa del artículo 17 de la Constitución”, concluye.González denuncia también que “como afirma la Asociación para la Prevención de la Tortura, las mujeres se enfrentan a una mayor vulnerabilidad y riesgo que los hombres”. Tal y como explica el diputado provincial, “se ha probado que, entre las mujeres encerradas en los CIE, hay embarazadas, víctimas de tráfico, posibles solicitantes de protección internacional o madres que, al ser expulsadas, dejarán en el Estado español a sus hijos”. También destacó que “en los CIE se continúa internándose a personas con enfermedades físicas y psíquicas graves, reduciendo las posibilidades de recibir atención médica especializada y continuar con los tratamientos”.
En un mundo en el que “el aumento del belicismo, de las amenazas medioambientales y de la pobreza son la realidad descarnada de millones de personas”, asegura el diputado provincial, “migrar es un derecho humano”. “Ningún ser humano es ilegal”, recuerda el alcalde que recoge el sentir de Podemos Cádiz. “Buscar un futuro mejor no es ni puede ser nunca un delito”, añade. Y concluye que “Frente a la Europa fortaleza que criminaliza a las personas por su situación administrativa, que usa la austeridad y el miedo para crear diferencias inexistentes entre las capas más vulnerables de la población y moldear mano de obra cada vez más barata para servir los intereses del capital, es hora de la solidaridad entre los pueblos, de construir alternativas políticas y de cerrar de una vez y para siempre estas cárceles de la vergüenza”.
