Esta semana el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha publicado las estadísticas del primer trimestre de este año (2018) por partidos judiciales, donde se constata que el 60% de los juzgados españoles están colapsados. En el Campo de Gibraltar el atasco es de 4.000 casos en dos años. Una cualidad de la Justicia es ser rápida y sin dilaciones; hacer esperar es ya injusticia.
Carlos Lesmes, presidente del CGPJ, advierte que mantener esta situación de “colapso” en el tiempo puede hacer que “el propio sistema judicial se resienta”. Y también la igualdad y la libertad. Urge por tanto “abordar las grandes reformas estructurales de nuestra Justicia, que siempre, por unos motivos u otros, acaban postergadas”. Espero que ahora con el nuevo Gobierno, sea posible, al menos, una gestión razonable.En concreto, según las estadísticas de Lesmes, más del 20% de los juzgados (en total, 739) superaban el correspondiente indicador de carga de trabajo asumible en un 150%; casi un 11% de los juzgados (398) se situaban entre el 130% y el 150% del indicador; y un total de 1.025 juzgados (más del 28% del total) alcanzaban el 130% del indicador de carga de trabajo, que para colmo no está fijado de forma definitiva por el CGPJ. Así que el CGPJ no es justo porque no cumple ni hace cumplir lo que le corresponde, según el artículo 122.2 de la CE. Solo hay que comprobar su silencio en la sentencia de “La Manada”. Ahora “rematada” de forma “inexplicable” por la Audiencia Provincial de Navarra poniendo en libertad a sus miembros bajo una fianza de 6.000 euros. En un sesgo claro, patriarcal y machista de la Justicia. Un principio básico de la Justicia, según Montesquieu, es que una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa.En el Campo de Gibraltar los juzgados han cerrado el primer trimestre de este año con 18.900 asuntos en trámite: Algeciras 10.945, La Línea 4.693, San Roque 3.352. San Roque promedia la mayor carga de trabajo por órgano (solo 2 juzgados), con 778 casos cada uno. En Algeciras la jurisdicción social (con un solo juzgado) está atascada con 2.917 casos. Las jurisdicciones civil y penal están un poco mejor.No entiendo como existe esa gran diferencia de cargas de trabajo en la jurisdicción social con otros partidos judiciales como Cádiz y Jerez (1 en Algeciras, 2 en Cádiz y 3 en Jerez), y no se hace nada para equilibrar esta diferencia, que, al final, pagan los ciudadanos que no tienen una protección judicial efectiva de sus derechos (artículo 24 de la Constitución). Las asociaciones judiciales (las cuatro principales) culpan al Poder Judicial del exceso de carga y piden una regulación “inmediata” en el juicio que tienen abierto en la Audiencia Nacional. Responsabilizando directamente al CGPJ de la ausencia de una regulación sobre la carga de trabajo en el colectivo y han instado a que se acuerde una regulación de manera inmediata. En la vista oral ha dicho la letrada de los demandantes que “el principal obligado” de garantizar que los 5.500 jueces y magistrados tengan regulada la carga de trabajo es el CGPJ, siempre atendiendo a los criterios de salud. No obstante considera que asumen una “responsabilidad adicional” el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas que tienen ahora transferidas las competencias de Justicia.Es sabido que la litigiosidad en España sigue siendo elevada en comparación con países de nuestro entorno. Algo que, pese al esfuerzo de los profesionales, provoca una situación difícilmente sostenible en el tiempo pues entran más asuntos de los que se pueden resolver. Pero, de momento, lo que va a hacer el CGPJ es activar el mecanismo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial para renovar los veinte vocales que integran el órgano. Una vez sean nombrados estos veinte vocales, elegirán un nuevo presidente que sustituya al actual. Y ya veremos. ¡Qué país y qué Justicia! Francisco de Quevedo lo decía muy bien: “Donde hay poca justicia es peligroso tener razón”. Yo, al menos, espero tenerla.
