Ha mantenido que la Junta ya ha «adelantado» su trabajo con conversaciones con el Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) y encomendando al Ifapa que comience a investigar para determinar los perjuicios desde el punto vista turístico y para el sector pesquero.
Crespo ha hecho este anuncio después de afirmar que la Junta de Andalucía rubricará un convenio con representantes del sector pesquero andaluz para llevar el proyecto ‘Ecopuertos’ a todos los puertos de la comunidad.
En declaraciones a los medios en el puerto de Almería, dónde se ha reunido con portavoces del sector en Andalucía oriental, la consejera ha dicho que esta «idea que tuvieron los puertos de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Caleta de Vélez (Málaga) y Motril (Granada)» es un «proyecto fundamental» que está «ayudando a la limpieza marina».
Ha apuntado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, pretende «coger el ejemplo» de ‘Ecopuertos’ y establecer desde el Gobierno andaluz un «gran proyecto ambiental y pesquero» en todos los puertos del litoral andaluz, por lo que se estudiará la posible dotación económica y «posibilidades» para firmar un acuerdo con el sector.
Ha defendido que así, además de «hacer mucho por el medio marino», se podrá mostrar al resto del mundo «el valor de la pesca desde el punto de vista económico y ambiental» y trasladar a Europa que «en Andalucía se hacen las cosas muy bien».
Por otro lado, Crespo ha manifestado su rechazo a la nueva directiva europea sobre pesca porque hace que el sector tenga «más dificultades» cuando ha realizado un esfuerzo como «ninguna otra parte del Mediterráneo».
«Eran casi 200 barcos, se han convertido en poco más de 90, no se les puede pedir ningún esfuerzo adicional», ha dicho la consejera, quien ha indicado que en el próximo consejo consultivo de pesca se solicitará de nuevo al Gobierno que articule ayudas para que «el impacto de esta medida europea no sea tan contundente».
Ha asegurado que los pescadores son los primeros preocupados por los paros biológicos y la situación de los caladeros, por lo que la nueva normativa europea es «un varapalo importante» y una «vuelta de tuerca innecesaria».
