Sendas mociones, una conjunta de Adelante Cádiz e Izquierda Unida, y otra del grupo Socialista, han sido debatidas y respaldadas por unanimidad por la Corporación, ante la preocupación que genera esta situación.
La transformación del fondo marino con la invasión de esta especie ha repercutido en perjuicios que llegan a cifrarse en Tarifa y Barbate en más del 80% de pérdidas, según las flotas afectadas. Por ello, el acuerdo alcanzado consiste en instar al Gobierno de España a que proceda a la declaración oficial de esta especie como alga invasora, paso previo a que se puedan aprobar compensaciones y otras medidas. También se ha pedido a la Junta, que es la administración competente, que tome medidas urgentes, así como que asuma la retirada de arribazones de las playas. La moción también solicita la creación de una mesa de trabajo con representación política, técnica y científica para abordar la situación.
Desde la Diputación se está dado ayuda a ayuntamientos que lo han solicitado, como es el caso de Tarifa, según ha explicado la diputada Lucía Trujillo. Además, Mario Fernández ha enumerado algunas acciones que ya se han desarrollado desde su área de Transición Ecológica y Desarrollo Urbano Sostenible, que incluye reuniones con algunos de los ayuntamientos de municipios afectados, o la línea abierta de colaboración con entidades como la Junta Rectora del Parque Natural del Estrecho, para desarrollar estudios que busquen una solución no solo a la eliminación de las algas, erradicando el problema desde la raíz a través de la investigación, sino también alternativas en la industria agroalimentaria, de cosmética, energética o farmacológica, que propiciara la economía circular con su explotación comercial.
