A través del programa se facilita información, ayudas, promoción, alternativas y seguimiento personalizado a las más de mil empresas andaluzas que exportan a las islas británicas y a todos los sectores económicos y zonas geográficas de la comunidad autónoma que pueden verse afectados, ha explicado la Junta de Andalucía.
«Andalucía, en el ojo del ‘huracán brexit’, resume el gobierno andaluz para justificar el paquete de iniciativas puestas en marcha.
Esa salida puede afectar a la economía andaluza porque se trata del cuarto país que más aporta a la balanza comercial, ya que en 2018 abonó 2.281 millones de euros para adquirir bienes y servicios andaluces, mientras que las importaciones de la comunidad autónoma apenas superaron los mil millones, lo que genera un saldo a favor de Andalucía de 1.244 millones.
En cifras totales, el Reino Unido representa el 7 % de las exportaciones de Andalucía y es el inversor extranjero que más fondos directos ha canalizado durante el último cuarto de siglo a la comunidad, con 1.489 millones de euros, el 13,2 % del total.
Además, se trata del principal mercado emisor en el exterior de turistas a Andalucía porque uno de cada cuatro extranjeros que visitan la comunidad es británico, lo que representa un 1,1 % del PIB andaluz, según los cálculos de la Junta.
Respecto a la «singularidad gibraltareña», el Gobierno destaca que debido a su dependencia energética, se exporta cada año al Peñón tanto como a Bélgica o Países Bajos: más de mil millones de euros, mientras que las importaciones apenas superan los 4 millones, el 0,01 % del total.
La Roca constituye, por tanto, la base del saldo comercial favorable andaluz en las relaciones andaluzas con Reino Unido, donde además residen más de 18.000 andaluces, en su mayoría malagueños, gaditanos, sevillanos y granadinos de entre 25 y 44 años que están desarrollando allí su actividad profesional y su proyecto de vida.
Los andaluces que quieran seguir trabajando o estudiando a partir de julio de 2021 en las islas deben saber que tendrán que registrarse durante los próximos meses en la web del gobierno británico.
Es la única vía para ser reconocidos como «asentados» y podrán permanecer indefinidamente en Reino Unido presentando un documento identificativo (por ejemplo, el pasaporte) y una vez acrediten cinco años de residencia continuada, para lo que basta con presentar el número de la Seguridad Social de Reino Unido.
A los nuevos emigrantes se les otorga el estatus de «preasentado», que permite residir legalmente durante cinco años con todos los derechos, explica la Junta antes de indicar que, inicialmente, para inscribirse en la web había que abonar 65 libras, y ahora tienen derecho a reclamar su reembolso.
En Andalucía, la colonia británica asciende a 75.372 personas, lo que las sitúa como la tercera comunidad de extranjeros más numerosa en la comunidad autónoma tras rumanos y marroquíes.
Se trata en su mayoría de jubilados de entre 55 y 79 años y un 60 % se concentra en 20 municipios repartidos entre las provincias de Málaga -sobre todo-, Almería y Granada, con casos como Mijas (con casi 8.000 británicos censados), Fuengirola (4.131), Benalmádena (3.598) y Estepona (3.246).
Estos ciudadanos están en su derecho de solicitar la residencia en España, y es lo más aconsejable si piensan permanecer durante más de tres meses tras la salida del Reino Unido porque así se garantizarán sus derechos de Seguridad Social.
La salida del Reino Unido de la UE puede afectar, sobre todo, a los vecinos del Campo de Gibraltar, donde viven 270.000 personas, ocho veces más que las censadas en el Peñón, donde se necesita un 60 % de mano de obra foránea simplemente para poder cubrir la oferta de su mercado laboral.
Con una tasa de paro del 1 % en Gibraltar frente al 28,9 % en el Campo de Gibraltar, cerca de 10.000 trabajadores andaluces que cruzan diariamente la Verja.
Entre otras actuaciones específicas para los habitantes de esta comarca, se prevé un fondo de apoyo ante situaciones económico y financieras derivadas del «brexit» no previstas, una línea específica de avales para pymes afectadas y un plan de formación específico para personas trabajadoras y desempleadas de la zona.
