El número de denuncias de acoso sexual en el trabajo ha descendido este año, «a cifras por debajo de 2009», según un estudio elaborado por CCOO-A con motivo del Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer, que se celebró este viernes, 25 de noviembre, donde el sindicato achacó dicho descenso de denuncias a los efectos de la actual crisis económica, que provoca «miedo a perder el puesto de trabajo en caso de denuncia».Este estudio ha apuntado una bajada en los casos de acoso sexual en el trabajo denunciados, tras el incremento registrado en 2010 en relación con 2009, de forma que se aprecia en 2011 un descenso en el número de casos atendidos por el Servicio de Defensa Legal de CCOO-A «inferior incluso a los del año 2009».En ese punto, el sindicato ha mostrado su preocupación por este descenso en los casos de acoso, que «no significa una bajada de este tipo de casos en las empresas, sino que tememos que sea reflejo de la situación de crisis que atravesamos y que puede estar produciendo un descenso en el número de denuncias ante el miedo a la pérdida de empleo». Así, entre 2009 y septiembre de 2011 se han registrado 77 expedientes de acoso sexual, moral y despidos por violencia de género atendidos por el servicio del sindicato y llevados todos a los tribunales, de los que 46 son casos de acoso sexual llevados por la vía penal, 15 casos de acoso sexual derivados en despido, dos de acoso sexual, uno de acoso sexual detectados por la Inspección de Trabajo, nueve de acoso moral, dos de despidos por acoso moral, y dos despidos a víctimas de violencia de género.Por otro lado, Andalucía ha registrado entre enero y septiembre de 2011 un total de 37 contratos bonificados a víctimas de violencia de género, lo que supone un 0,15 por ciento del total de denuncias, cifradas en 27.693 denuncias, según dicho informe.Según dicho estudio, hecho público por el secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, y la secretaria de Empleo, Nuria López, que han hecho referencia a los siete años de la Ley de Igualdad, de los 37 contratos bonificados, sólo diez fueron indefinidos, es decir, el 27,03 por ciento, y el 72,,97 por ciento, esto es, 27 contratos, son temporales, lo que muestra la «ineficacia» de este tipo de medidas.Por provincias, de los 37 contratos, diez se ubican en Granada, seis en Jaén, otros seis en Málaga, cinco en Sevilla, tres en Cádiz, tres en Córdoba, dos en Almería y dos en Huelva. Asimismo, tanto Carbonero como López han lamentado que Ley de Igualdad de Género «está infrautilizada, tanto por la Administración como por los empresarios, que no toman conciencia de la necesidad de explicar dichas medidas de igualdad».Además lamentan que la crisis está repercutiendo en la adopción de medidas de igualdad y lucha contra la violencia de género, ya que «no se incluyen ni se aplican planes de igualdad ni protocolos para víctimas de acoso sexual en el trabajo porque la negociación colectiva y los convenios están parados», por ello, reclamarán en la plataforma de negociación de los convenios se incluyan esos planes y protocolos. Carbonero demanda «mayor compromiso social de las empresas, así como más agilidad y eficacia d las administraciones». López y Carbonero han lamentado la falta de datos compilados y los «pocos datos» existentes en este asunto, por lo que ven necesario realizar un registro y un seguimiento y evaluación completa de esas situaciones y han lamentado la «falta de conocimiento de las medidas y del derecho laboral», que provoca esa «infrautilización y poca utilización de las medidas que recoge la ley».CONTRATOS BONIFICADOS Y RENTA ACTIVA Por otro lado, ambos dirigentes sindicales han lamentado el «escaso conocimiento y uso» de los contratos de sustitución de víctimas de violencia de género, con ocho contratos bonificados para sustituir a víctimas de violencia de género durante todo el período de suspensión de la trabajadora sustituida o durante seis meses en los supuestos de movilidad geográfica o cambio de centro de trabajo, por lo que «se trata de una medida sin coste, a coste cero para el empresario pero que no es utilizada». Ha agregado que en el primer semestre de 2012 se presentaron 6.891 denuncias por violencia de género y se acordaron 1.024 órdenes de protección en toda Andalucía pero ha indicado que «es irrisorio que solo se hayan llevado a cabo ocho contratos de sustitución».Por ello, ha exigido a las administraciones que «difundan este tipo de bonificaciones entre las empresas, pues su aplicación sistemática contribuirá a que la violencia de género no suponga un coste adicional para las empresas y se anime a las afectadas a tomar la decisión de solicitar un traslado o suspensión de contrato sin que el miedo a perjudicar a su empresa o a sus compañeros pueda influir en su decisión negativa, además de garantizar el mantenimiento del empleo para estas trabajadoras».Asimismo, ha lamentado la «pequeña proporción de ayudas de renta activa de inserción, de retorno al mercado laboral, que en 2010 se tramitaron 7.128 y que en 2011 ha registrado un incremento hasta 7.800 expedientes tramitados, debido al incremento registrado en Málaga del 98 por ciento, de forma que en esa provincia ha pasado de 11.83 expedientes tramitados a 2.348. En cuanto al resto de provincias se ha producido un descenso medio del número de expedientes tramitados del diez por ciento.En cuanto a las ayudas a víctimas de violencia de género por cambio de residencia, se han concedido 1.794 ayudas, mientras que la ayuda económica especifica para mujeres víctimas de violencia de género con especial dificultad para obtener un empleo, entre 2006 y julio de 2010 se solicitaron en Andalucía 346, de las que se concedieron 193, el 55,78 por ciento, y se denegaron 153 (44,22 por ciento).Por último, el número total de prestaciones percibidas por suspensión o extinción de contratos de víctimas de violencia de género en Andalucía fueron 11, un 0,004 por ciento del total de beneficiarias de prestaciones por desempleo en la Comunidad.
