«Auténtico asalto»: Juan Franco planta cara en los juzgados a la APBA, mientras Tarifa lo sufre en silencio

El alcalde linense anuncia un recurso contra la decisión de la APBA de establecer un fondeadero frente a sus playas. Su contundencia contrasta con la posición institucional de Tarifa ante las decisiones portuarias que afectan a su territorio. La OPE, humos, ruidos, accesos, la terminal de cruceros y el futuro del litoral merecen algo más que silencio y medallas.

Hay una expresión que debería hacer reflexionar a más de uno en Tarifa. Juan Franco, alcalde de La Línea, ha calificado de «auténtico asalto» la decisión de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) de establecer un fondeadero exterior frente a las playas de La Alcaidesa. Y no se ha quedado en la protesta: ha anunciado un recurso administrativo para defender los intereses de su municipio.

Una actitud que contrasta con lo que ocurre en Tarifa. No habalmos del alcalde, tambien de la oposicion. Porque, si hablamos de «auténticos asaltos» a los intereses de una ciudad, quizá habría que repasar algunas de las decisiones portuarias que nuestro municipio lleva tiempo encajando con una preocupante ausencia de respuesta institucional. Bueno, colgó una medalla al responsable portuario de Tarifa. Eso da pistas….

La OPE es uno de los ejemplos más evidentes. Cada verano, Tarifa soporta las consecuencias de una operativa que condiciona la movilidad, el aparcamiento,  colapsa accesos y altera la vida cotidiana de vecinos, comerciantes y visitantes en plena tmporada alta, cuando más daaño hace. Una actividad de enorme importancia para el puerto, pero cuyas consecuencias sobre la ciudad necesitan soluciones, compromisos y una defensa municipal mucho más firme. La dejación de funciones municipal acaba en la disciplina de partido, declaraciones a medios dos días y ninguna acción real.

Otro ejemplo es la transformación de los espacios portuarios para acoger pequeños cruceros. Una actuación que avanzó sin un debate público previo a la altura de su trascendencia y que volvió a alimentar la sensación de que Tarifa se enfrenta a hechos consumados: primero se decide y se ejecuta; después, si acaso, se discute. ¿Tarifa cuenta para su futuro? ¿Qué diría Juan Franco aquí?

Y hay una declaración que tampoco deberíamos olvidar. El presidente de la APBA, Gerardo Landaluce, llegó a señalar, al referirse a las consecuencias de la actividad portuaria fuera de sus instalaciones, que «de puertas para afuera no es su problema». Una afirmación que merece una pregunta: si lo que ocurre fuera de las puertas del puerto no es problema de la Autoridad Portuaria, ¿quién defiende a los ciudadanos que sufren sus consecuencias?

La APBA tiene sus intereses y sus objetivos. Está en su derecho de defenderlos. Lo que no puede hacer Tarifa es renunciar a defender los suyos. El futuro de sus instalaciones portuarias, los nuevos usos turísticos, la presión sobre el litoral y las consecuencias de la actividad marítima exigen una posición municipal clara, estratégica, consensuada, pública y respaldada por actuaciones concretas. ¿Queremos ser una lanzadera para Marruecos o mantener la identidad?

Juan Franco recurre, denuncia y planta cara. No parece preguntarse primero de qué institución procede la decisión ni qué siglas hay detrás. Entiende que su obligación es defender a La Línea. En Tarifa, sin embargo, demasiadas veces el debate se diluye entre buenas relaciones institucionales, prudencia política y silencios difíciles de justificar. Por cierto, aquí la oposición debería abandonar las palomitas y señalarse, Boix ha marcado el camino, pero el PSOE de Tarifa continúa en su cómodo silencio.

Un auténtico asalto no siempre necesita derribar una puerta. A veces basta con tomar decisiones que condicionan el futuro de un territorio sin que sus ciudadanos hayan tenido una participación real y sin encontrar enfrente una institución dispuesta a defenderlos.

Tarifa no necesita enemigos, necesita representantes que sepan defenderla. La lealtad a una ciudad debe estar por encima de cualquier sigla, relación institucional o conveniencia política. Política de salón, no gracias, nos mata.

Porque dialogar no significa aceptar, colaborar no significa renunciar y mantener buenas relaciones no puede convertirse en sinónimo de silencio.

La sumisión no es una opción para el futuro de Tarifa.

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