Este lunes en medios de comunicación aparece una noticia relacionada con una nota de prensa, fechada en Cádiz (capital) domingo 11 de diciembre de 2011, que hace llegar nada más y nada menos que el Comité Regional de Andalucía de la UFP, desde su secretaría general, aunque no aparece firmada por quien ostenta ese cargo, D. Víctor M. Duque En esa nota se informa de un incidente que protagonizó, al parecer, Lorenzo Sevilla, vecino de Castellar, en la madrugada ese domingo en un control policial, que coordinadamente montaron la Policía Nacional y la Local de Algeciras. Lo contado por la persona que escribe este “comunicado”, podría ajustarse a la realidad o no, y me refiero a hechos no a interpretaciones de los mismos. Porque el “comunicado”, realmente no comunica gran cosa, más bien atribuye a la persona de Lorenzo Sevilla, intenciones que como bien saben los profesionales de ese cuerpo policial deben ser probadas, y que nunca puede criminalizarse la conducta de un ciudadano hasta tanto, y siempre como “presunto autor”, no se ponga a disposición de un juzgado.
Llama mucho la atención que sea todo un Comité Regional de Andalucía de la UNIÓN FEDERAL DE POLICÍA, el que haya avalado este “comunicado”, que en modo alguno se relaciona con reivindicación policial, ni con la defensa de sus legítimos intereses laborales de ese colectivo. Más bien sitúa a la policía nacional, cuerpo a quien representa o al menos eso pretende, ante la opinión pública como un “corre ve y dile”, no ya de actos probados, sino posibles malintencionados comentarios. Ni siquiera tacho al autor de mentiroso, de injurioso, de maledicente, porque no tengo prueba alguna de ello.
Es curioso observar en ese comunicado como se utiliza una información que se obtiene directamente de una actuación policial, y como quiebra la necesaria prudencia que toda acción policial debe conllevar, precisamente para que la ciudadanía tenga la absoluta certeza de que aquello que pueda perjudicarle en su imagen e intereses está custodiado por profesionales policiales que velan por ello. Porque ¿qué es más valioso para una persona, su cartera, su vehículo o su honra? En ese “comunicado” se tacha de ladrón, de brabucón, de “pendenciero” a una persona, y es precisamente en ese “comunicado” donde se le roba su honra, su buen nombre. ¿En qué derecho se ampara el autor del “comunicado” para “vejar”, públicamente a Lorenzo Sevilla? Conozco a profesionales de la policía que en modo alguno actúan de esa forma, porque conocen muy bien que su misión, la que se le encomienda en las leyes, la que la sociedad le traslada, es precisamente la salvaguarda de todo el patrimonio individual y colectivo, y en ese patrimonio la honra tiene un valor absoluto. Sólo cuando el bien común requiere de avisos al publico es adecuado hacerlo, cuando en el desarrollo de su acción sindical se produzcan hechos denunciables, cuando se vean perjudicados los legítimos intereses laborales del colectivo que representa la UFP, tendría no sólo la legitimidad, sino el deber de comunicar a la ciudadanía lo que acontece. En este caso, suena a vendetta personal, muy probablemente por persona interpuesta, y que utilizando indebidamente una información obtenida en acto de servicio, se difunde de manera maledicente, amparándose en la UFP, para producir un daño claro y cierto a la fama y buen nombre de Lorenzo Sevilla. Animo al Secretario Regional de la UFP, Sr. D. Víctor M. Duque, y al Secretario Provincial de ese sindicato en Cádiz, el jerezano Sr. D. Juan VERDUGO BERMEJO, a que aclaren esta lamentable situación creada por ese “comunicado”.
Rafael Fenoy Rico
