Irene Sevilla, una mujer de Tarifa cuya pareja, José Manuel Chico Trujillo, murió atropellado el 25 de abril de 2021 denuncia el riesgo que existe por dilación indebida y a la que se podría acoger el conductor que cometió el  atropello cuando circulaba a gran velocidad por la N-340 haciendo adelantamientos peligrosos, ¨…a las 21:25, le hicieron un test de drogas donde dio positivo y fue al calabozo, pero a las ocho de la mañana ya estaba en la calle¨, relata Irene.

El caso está parado en el juzgado de lo Penal a falta de fecha de juicio y se desconoce si superará el plazo de dos años. Este fenómeno se define como «retraso en la tramitación de la causa que no esté suficientemente justificado por su complejidad o por otras razones y que sea imputable al órgano jurisdiccional». El problema es que, llegado el punto de demorarse dos años, se considera un atenuante y puede derivar en una rebaja de las penas.

La pena máxima para el conductor del vehículo está en cuatro años, aunque de reducirse podría bajar de los dos años y no llegar a entrar en prisión.

Esta situación, nos recuerda al caso del que hace unos días nos hicimos eco desde este periódico, de una joven tarifeña que ha visto como se le reduce la pena a su agresor por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) al dilatarse la celebración del juicio y que la propia victima nos decía, ¨…No puede pagar la consecuencia del mal funcionamiento de la justicia la victima y que se beneficie el delincuente¨