Redacción CNA
El Gobierno ha aprobado este viernes 16 de marzo de 2012 en el Consejo de Ministros el Plan de restructuración y racionalización del sector público empresarial y fundacional estatal para configurar un sector más reducido y acorde con actual contexto de austeridad y con la necesidad de controlar el gasto público.
El plan aprobado hoy se suma a las medidas adoptadas en el sector público empresarial para limitar las retribuciones de los directivos y reducir el número de consejeros. Así, se suprimirá, desinvertirá y agilizará la liquidación en 80 sociedades y se reducirán 154 consejeros, lo que supondrá para el Estado un ahorro en sueldos y dietas que asciende a más de un millón de euros.
Sáenz de Santamaría, ha asegurado que con esta medida «los ciudadanos conocerán con más transparencia «cómo se gastan y se gestionan los ingresos públicos».
Empresas públicas a revisión
El nuevo plan recoge la extinción de 24 sociedades mercantiles estatales, entre las que se encuentran la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), Ingeniería y Servicios Aeroespaciales (INSA), Remolques Marítimos S.A. (REMOLMAR) o la Sociedad de Ventas de Loterías (SEVALAE).La desinversión se producirá en 8 sociedades, tales como Olimpic Moll, Cytasa o Portel Servicios Telemáticos y habrá una agilización de la liquidación en 13 sociedades, como Barcelona Holding Olímpico o Izar. Estas operaciones afectan a 45 sociedades mercantiles estatales, a las que hay que añadir la desinversión de participaciones mayoritarias de la administración general del Estado en otras 35, como Parque Marítimo Santa Cruz, S.A., o Construrail, S.A.Además, se extinguen o fusionan 9 fundaciones de sociedades estatales, entre ellas, la Fundación SEPI o la Fundación Efe. Según el último inventario del 31 de diciembre de 2011, la administración general del Estado tenía 228 empresas públicas y operaba sobre 85. En el ámbito autonómico la cifra es superior y en el local incluso más.
La vicepresidenta ha apuntado que ayer venció el plazo para que los ayuntamientos presentaran su listado de facturas y ahora se abre el plazo para que presenten el plan de ajuste.
Además, ha resaltado que el Estado ha hecho un esfuerzo destinando 35.000 millones a las corporaciones locales y comunidades autónomas para satisfacer ese pago a proveedores. «Los ayuntamientos tendrán que cumplir los planes de ajuste para que en el futuro no se vuelvan a producir nunca situaciones de esta naturaleza», ha dicho.
Sáenz de Santamaría ha avanzado que del listado de facturas presentado, las dos terceras partes afectan a pymes y autónomos: 50.259 proveedores son trabajadores autónomos y casi 63.500 pequeñas y medianas empresas. «Eso nos permite afirmar que esta medida del plan de apoyo a proveedores va a ayudar a que estos trabajadores tengan liquidez, puedan mantener su actividad empresarial y su nivel de empleo», ha añadido.
Ampliadas cinco líneas ICO
La vicepresidenta ha indicado que se trata de «un crédito para desarrollar proyectos rentables, y crece un 16% más en el año 2011». Estas cinco líneas de crédito servirán para inyectar a la economía española crédito por valor de 22.000 millones de euros.
Para Sáenz de Santamaría y el Gobierno, hay que lograr que «los proyectos empresariales no se queden en buenas ideas sino que lleguen a su fin», y por eso se han reforzado cinco líneas ICO.
La vicepresidenta ha subrayado que, con este incremento del 16%, el ICO supone ya el 9% del crédito del sistema financiero español y llega a cotas del 15% cuando se trata de préstamos en plazos superiores a 5 años.
