Todos los derechos legalmente exigibles cuestan dinero. No es que tengamos que celebrar el monto de los impuestos, lo que debemos celebrar es el hecho de que existen, porque sin impuestos no podemos tener libertad. Nuestros derechos dependen de los impuestos de un modo absoluto, y la libertad también.
Por eso no puedo entender la actitud de la presidenta madrileña recurriendo ante el Constitucional el impuesto sobre las grandes fortunas. En estos días este recurso ha sido desestimado por el Tribunal, con siete votos a favor y cuatro en contra, rechazando en la sentencia los argumentos esgrimidos al no invadir competencias autonómicas, ni ser este impuesto “desproporcionado”.
Desde hace tiempo existe una estrecha relación entre las teorías conspiratorias de la derecha más ultra y los chanchullos financieros. Ahora, una de las principales prioridades políticas del PP es negar la legitimidad del Gobierno y tratar de privarlo de las leyes y recursos que necesita para tomar las medidas necesarias en este periodo de crisis.
España es considerada una “democracia estable”, según el índice de calidad democrática de la revista The Economist, aunque el PP y Vox digan que España se rompe y nos anuncian el apocalipsis todos los días. Pero algo no concuerda, no se puede decir que el país se rompe por culpa de los catalanes, del sanchismo o de la eventual amnistía, y al mismo tiempo, que no se requieren medidas políticas para encauzar la cuestión catalana.
Si hacemos historia, en España el oficio de presidente de Gobierno es bastante estable en relación con otros países europeos. Obviado el caso de Adolfo Suárez, que sufrió los avatares lógicos de una transición entre dos regímenes diferentes, los demás han sido duraderos: Felipe González (13 años y medio), Aznar (dos legislaturas), Rodríguez Zapatero (dos legislaturas), Mariano Rajoy (casi dos legislaturas) y ahora Pedro Sánchez, del que ya se tiene la fecha de investidura para su segunda legislatura, por mucho que el PP dude de su legitimidad.
El programa con el que se reivindican los socialistas y Sumar para gobernar los próximos cuatro años (“España avanza. Una nueva coalición de gobierno progresista”) es típicamente socialdemócrata, con una agenda muy arriesgada de transición ecológica. Y tanto la agenda como el resto del programa se presentan con la financiación correspondiente. Uno de los puntos centrales de esa reforma fiscal, que serviría para financiar los planes sociales del Gobierno de coalición, sera la de limpiar las bases imponibles del impuesto sobre la renta y del impuesto sobre el valor añadido (los más recaudatorios), procurando acabar con las minoraciones y los gastos fiscales no justificados.
Recordemos que en algún cajón del pasado Gobierno se quedó un Libro Blanco de la Reforma fiscal, elaborado por un grupo de expertos al que no se hizo mucho caso. Casi siempre los tempos políticos y los de los expertos son diferentes. Aquel Libro Blanco se sustentaba en las ideas de unos hacendistas estadounidenses (Stephen Holmes y Cass R. Sunstein), que habían escrito un libro de título tremendamente significativo: “El coste de los derechos. Por qué la libertad depende de los impuestos”.
Porque además de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, ampliamente comentada (una parte de la cual habrá de hacerse en el marco del diálogo social), hay algunos aspectos que dependerán mucho del desarrollo del programa establecido para propiciar una economía estratégica industrial, una vez constatadas las debilidades de algunos productos conocidas durante la pandemia (las deslocalizaciones ya no están bien vistas por los poderes ejecutivos); y ampliar la influencia de los organismos reguladores.
Pero, lo que más diferencia la ideología socialdemócrata de todas las demás es la lucha contra las desigualdades. Esto se manifiesta en este programa tanto como en el anterior -con Podemos-. Para los socialdemócratas, una persona no es ciudadano si no es ciudadano de forma triple: civil, política y social o económicamente. No hay dos sin tres. Porque de lo que se trata, en cada competición electoral, es de subir las condiciones mínimas del Estado de bienestar.
