El coste de la vivienda incrementa en casi 10 puntos porcentuales (9,7) los ya muy altos niveles de pobreza infantil en España: si de los ingresos se dedujeran los gastos de la vivienda, 780.000 niños, niñas y adolescentes más quedarían en situación de pobreza, incrementando la tasa de pobreza infantil del 28,9% al 38,6%.

“La tasa de pobreza infantil en nuestro país es ya muy alta, la más alta de la Unión Europea”, recuerda José María Vera, director ejecutivo de UNICEF España. “Y la vivienda, que se está convirtiendo en un bien menos accesible para muchas familias, es, cada vez más, un factor importante de incremento de la pobreza infantil. Sin embargo, la infancia está prácticamente invisibilizada en las políticas públicas relativas a este ámbito”.

Así lo refleja Yo también vivo aquí, un informe de UNICEF España que recopila datos y análisis relativos a la vivienda para constatar que los niños, niñas y adolescentes en nuestro país asumen cargas especialmente pesadas relacionadas con la vivienda y, pese a ello, no se les tiene en cuenta a la hora de tomar medidas relativas a esta materia.

La subida de precios de la vivienda, la falta de acceso a la misma por parte de familias vulnerables, la escasez de vivienda pública, o situaciones de discriminación y barreras en el acceso a la vivienda (por razón de etnia y nacionalidad, pero también, por ejemplo, por tipo de familia, como las monoparentales), son algunas de las causas que llevan a muchas familias a soportar costes excesivos, disponer de menos recursos para otras necesidades de los niños y niñas, vivir hacinados, en viviendas precarias o, directamente, en infraviviendas. Más de medio millón de niños, niñas y adolescentes en España viven en una vivienda que sufre carencia severa en la vivienda*, y el 16,7% de los hogares con niños no puede mantener la casa a una temperatura adecuada durante el invierno.

La falta de una vivienda adecuada supone un obstáculo para acceder al derecho a un nivel de vida apropiado y afecta a las oportunidades de futuro de los niños, niñas y adolescentes, además de repercutir en otros ámbitos y derechos de la infancia. Pasar demasiado frío o calor en casa, por ejemplo, puede derivar en problemas de salud física para los niños y niñas, que además están en mayor riesgo de sufrir accidentes domésticos relacionados con incendios o intoxicación si viven en hogares donde se utilizan alternativas al suministro energético como velas o estufas.

También tiene efectos sobre la salud mental, tanto derivados de la incertidumbre ante la inseguridad residencial (los niños y niñas pueden somatizar el estrés de su entorno familiar si son conscientes, por ejemplo, de que los adultos no pueden pagar las facturas), como ocasionados por vivir hacinados (y, por tanto, con un solo baño para muchas personas o sin un lugar de estudio adecuado).Esto lleva también a efectos sobre la educación de los niños y niñas, que a menudo tienen más dificultades para desarrollar con normalidad la educación obligatoria porque no tienen espacio propio, no pueden concentrarse o carecen de recursos básicos como luz y temperatura adecuadas. Todo ello impacta, finalmente, en las oportunidades de futuro de los niños, niñas y adolescentes que viven en hogares precarios.

“Hemos comprobado que las tasas más altas de retrasos en pagos relacionados con vivienda se concentran en los hogares con niños, o que la sobrecarga en el gasto en vivienda es mayor para los menores de 18 años, cosa que solo ocurre en seis países de la UE. Por tanto, es necesario abordar este problema y tener en cuenta a la infancia, algo que no está ocurriendo: el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda, por ejemplo, no menciona ni una sola vez a los niños y niñas o a la infancia, solo los considera un ‘anexo’ a la situación familiar. La infancia debe ser tenida en cuenta”, pide Vera.

Por ello, UNICEF España hace una serie de recomendaciones para garantizar que cada niño, niña y adolescente en nuestro país viva en una vivienda digna y adecuada:

• Impulsar y dotar de recursos las medidas del Plan de Acción Estatal para la implementación de la Garantía Infantil Europea** en relación con la vivienda, como el aumento de la vivienda pública, ayudas a familias vulnerables para acceder a una vivienda, rehabilitar y acondicionar viviendas y pagar suministros básicos, o prohibir los desahucios de hogares con niños, niñas y adolescentes vulnerables, entre otras.
• Asegurar que la ampliación del parque público de vivienda de alquiler reúna las condiciones adecuadas para familias con niños y niñas.
• Mejorar los datos sobre dónde y cómo vive la infancia y la adolescencia, incorporando la participación infantil.
• Desarrollar el concepto de “especial atención” a los niños y niñas y familias de la Ley por el derecho a la vivienda para que, entre otras medidas, los programas de ayuda a la vivienda tengan en cuenta a las familias con niños.
• Elaborar herramientas de análisis del interés superior del niño para contemplar las necesidades de la infancia y la adolescencia, valorar su vulnerabilidad social o garantizar que sean informados y escuchados en procedimientos de desahucio.
• Desarrollar una Estrategia Estatal de erradicación de asentamientos chabolistas y de infravivienda.
• Garantizar un empadronamiento libre de obstáculos que permita a las familias migrantes acceder a servicios de salud, educación y sociales.
• Desarrollar políticas sociales que prevengan la situación de sinhogarismo en los jóvenes procedentes del sistema de protección de menores.
• Ofrecer soluciones habitacionales seguras para la infancia beneficiaria de protección internacional.

Algunos datos sobre infancia y vivienda:

• Los hogares con niños son el 33,5% del total de hogares en España, pero el 59% de los que están en alquiler; además, suponen el 72% de todos los hogares en situación de pobreza que están en alquiler en España.
• La sobrecarga de gastos en la vivienda supone que los hogares destinan al menos un 40% de su renta a gastos relacionados con vivienda, y un 11,5% de la infancia en España vive en un hogar con sobrecarga de gastos de vivienda. Los hogares en situación de pobreza tienen 15 veces más posibilidades de asumir una sobrecarga de costes de la vivienda que los que no lo están.
• Los retrasos en pagos de gastos de la vivienda en hogares con niños, niñas o adolescentes en España afectan a en torno a uno de cada cinco niños en hogares en situación de riesgo de pobreza, mientras la cifra es de menos de uno de cada 20 en hogares por encima del umbral de la pobreza.
• La falta de inversión en protección social en la vivienda confluye en España con la baja inversión en protección social de la infancia, y esto tiene implicaciones económicas y sociales a largo plazo: ya se ha estimado que la pobreza infantil tiene un coste anual de más del 5,1% del PIB.
• La vivienda pública en España supone solo el 2,5% de las viviendas principales del parque total de viviendas, frente al 9,3% de media en la UE.
• Los alquileres aumentaron un 49,3% entre 2014 y 2019; datos del INE del segundo trimestre de 2023 establecen el crecimiento de precios de la vivienda en propiedad desde 2015 en un 46,6% (y del 65,3% en vivienda nueva).