TCAM-ANDALUCÍA/M.P.-M.J.R.

Mercedes Alaya, juez de Instrucción del juzgado número 6 de Sevilla, que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha ordenado el ingreso en prisión comunicada y sin fianza del exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández.

Ha sido a las 6,45 horas de este martes 24 de abril de 2012 cuando la magistrada ha notificado al imputado el auto por el que lo envía al Centro Penitenciario de Morón, en Sevilla, tal y como habían solicitado la Fiscalía Anticorrupción, el PP y el sindicato Manos Limpias, que han pedido además que se imponga al imputado el pago de una fianza de responsabilidad civil de 890 millones de euros.

^{Antonio Fernández, exconsejero de Empleo de la Junta, imputado por el caso ERE}

De su lado, la Junta no ha solicitado el ingreso en la cárcel del exconsejero, sino que comparezca semanalmente en el Juzgado y que pague una fianza de responsabilidad civil de 68 millones de euros, así como que se le retire el pasaporte, petición a la que se ha adherido UGT, que también ejerce la acusación en este caso.

La Fiscalía solicitó el ingreso en la cárcel del exconsejero de Empleo al entender que existe riesgo de fuga; por la gravedad de los delitos, ya que ha expuesto que por el delito continuado de malversación que se le imputa podría ser condenado a un máximo de 18 años de cárcel, y para evitar que pueda influir en otras fuentes de prueba, como por ejemplo en testigos que vayan a comparecer ante la juez durante la instrucción del procedimiento.

En su intervención, el Ministerio Público aseveró que «responder a todas las preguntas no siempre supone una colaboración con la Justicia», en alusión al hecho de que el exconsejero de Empleo haya respondido a todas las cuestiones que le han sido formuladas durante las cerca de 40 horas divididas en cuatro días que ha durado el interrogatorio, entre ellas las cerca de 200 de la magistrada, las 212 previstas por el PP, las 60 del Ministerio Público o las 20 de la Junta de Andalucía.

Por su parte, el abogado del exconsejero de Empleo, Alfonso Martínez del Hoyo, ha realizado una intervención de dos horas y media en la que ha negado que exista riesgo de fuga por cuanto su cliente lleva imputado más de un año y no ha tratado de eludir la acción de la Justicia, a lo que se suma su colaboración con la Justicia al responder todas las preguntas que le han sido formuladas, incluidas las del PP, cuando sabía por los medios de comunicación que este partido político iba a solicitar su ingreso en prisión.

Fernández se convierte en el tercer imputado que ingresa en prisión por el caso ERE tras el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, en la cárcel desde el 10 de marzo, y su exchófer, Juan Francisco Trujillo, que ingresó en prisión el 21 de marzo.

Alegato final: «¿Cómo podría evitar esto?»

El exconsejero de Empleo de la Junta concluyó este lunes 23 de abril su declaración ante la juega con un alegato final en el que se preguntó «¿cómo podría yo haber evitado esto?».

A preguntas de su letrado, Alfonso Martínez del Hoyo, el imputado se mostró convencido de haber actuado siempre conforme a la legalidad y no haber consentido ninguna conducta ilegal por parte de ninguna persona. Según Martínez del Hoyo «a día de hoy, y ante los evidentes indicios que contiene el procedimiento, se cuestiona, se tortura y se machaca preguntándose si podía haber actuado de otra manera».

Además, el abogado de Antonio Fernández ha indicado que el imputado se ha cuestionado su papel como consejero, debiendo haber sido más vigilante de la gestión de sus subordinados y «no tan confiado», no obstante ha reconocido que «ya no hay marcha atrás».

El exconsejero de Empleo de la Junta aseguró haber sufrido un gran daño personal, pero que ha sentido más pesar por el daño institucional que ha producido, «no sólo a la Junta sino a la propia comunidad autónoma», debido al carácter público y de los términos en que el debate se ha desarrollado a nivel nacional.

^{La jueza instructora del caso ERE, Mercedes Alaya}

Por otra parte, el imputado ha aportado a la causa un documento que demuestra que perteneció a la plantilla de la empresa González Byass entre los años 1980 y 2008, cuando fue incluido en el ERE, frente a la tesis de la juez instructora, que mantiene que fue incluido en el ERE cuando su relación laboral estaba extinguida tras no renovar la excedencia suscrita en 1983 para incorporarse como concejal al Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz).

Así, el jefe de personal de González Byass ha informado de que la Guardia Civil estuvo allí hace dos meses y recopiló todos los listados de escalafón de la empresa entre 1980 y 2008, en los que aparece el imputado. La propia magistrada ha reconocido que el atestado de la Guardia Civil sobre la citada empresa no ha llegado todavía al Juzgado.

El auto completo de la jueza Mercedes Alaya