LA PLATAFORMA CIUDADANA “TARIFA NO SE VENDE” RECHAZA EL CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y EL OBISPADO PARA EL TRUEQUE DE LAS RUINAS DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SANTIAGO DE LA BARRIADA ANTONIO ORDÓÑEZ POR UNA PARCELA URBANA DE 2000 METROS CUADRADOS EN ALBACERRADO.
En nota de prensa la Plataforma ·Tarifa no se vende, apunta que el pasado día 21 de noviembre, en sesión plenaria del ayuntamiento de Tarifa, se debatió y sometió a votación en el punto 4 del orden del día la “ACEPTACIÓN DE CESIÓN GRATUITA DE LA IGLESIA DE SANTIAGO, UBICADA EN LA BARRIADA ANTONIO ORDÓÑEZ, A CARGO DEL OBISPADO DE CÁDIZ Y CEUTA”.
Con esta aceptación, que fue aprobada con los votos de los partidos PP y NAT, se ratificó un convenio, firmado en 2015 por el entonces alcalde Juan Andrés Gil con el obispado de Cádiz y Ceuta, en el que este manifestaba ser propietario de las ruinas de la iglesia de Santiago, y el ayuntamiento, estar interesado en su rehabilitación para dedicarla a equipamiento para actividades culturales y educativas.
Lo que se aprobó no solo fue el contenido de dicho punto 4, es decir la aceptación por el ayuntamiento de la iglesia de Santiago (375 metros cuadrados), sino que se coló también el compromiso del ayuntamiento de ceder al obispado una parcela urbana de 2000 metros cuadrados en Albacerrado.
No es de recibo que con el problema del escaso suelo urbano disponible en el municipio y el grave problema de acceso a la vivienda de la gente de Tarifa, el ayuntamiento se arrodille ante el obispado y se comprometa a cederle terreno público urbano en la zona de desarrollo urbanístico de Albacerrado a cambio de las ruinas de la iglesia de Santiago, cuya rehabilitación y uso posterior son incluso impuestos por el propio obispado al ayuntamiento.
La cesión de la iglesia de Santiago al ayuntamiento por parte del obispado no es gratuita. La pagaremos la gente de Tarifa con la pérdida del, cada vez más escaso, suelo público urbanizable.
La asamblea de la plataforma ciudadana “TARIFA NO SE VENDE”, celebrada el 2 de diciembre, rechaza el convenio ratificado ya que entiende que el escaso suelo urbano del que podemos disponer debe ser destinado a equipamientos de uso público y viviendas asequibles a la ciudadanía que habita nuestro municipio, finaliza.
