TCAM-SEVILLA/M.J.R.
El vicepresidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía (ATA-Andalucía), Rafael Amor, ha mostrado este viernes 1 de junio de 2012 su satisfacción ante el inicio del pago de las facturas pendientes que «aún no habían cobrado de los ayuntamientos», ya que más de 80.000 autónomos se van a ver beneficiados.
En este sentido, el líder de los autónomos andaluz ha recordado, en una nota, que el proceso de transferencia comenzó el pasado lunes, por lo que ya está siendo «una realidad en la cuenta de los autónomos». Así, Amor ha subrayado que el 17,4 por ciento de los autónomos se van a ver beneficiados de manera directa o indirecta de esta medida, que, «desde luego, va a tener un efecto reactivador de la economía de las ciudades y de los pueblos».
El vicepresidente de ATA-Andalucía no quiso quedarse sólo en el dato positivo de esta medida, sino que quiso advertir de que «no podemos volver a esta situación». «Lo que ha sucedido a lo largo de estos años nos debe hacer reflexionar y exigir medidas que impidan que volvamos a vivir estos impagos y este desprecio a los autónomos y pymes», ha concretado Amor, que dice que «no hay mayor desprecio que no cobrar por el trabajo realizado, y eso lo hemos sufrido los autónomos a lo largo de estos años».
Asimismo, el vicepresidente de ATA-A ha señalado que una de las consecuencias «más graves» de los impagos que «hemos sufrido de los ayuntamientos, ha sido la pérdida de 33.000 autónomos; es decir, de más de 92.000 empleos».
«Una vez activada esta medida y puestos al día los ayuntamientos, llega el momento de tomar medidas contundentes y que eviten que volvamos a una situación de impago a favor de que entre todos volvamos a la triple A del estado de bienestar», ha remarcado Amor, que destacó que más del 77 por ciento de los autónomos tardan «más de 180 días en cobrar sus facturas».
En este contexto, el vicepresidente de ATA-Andalucía ha abogado por una nueva reforma de la Ley de Morosidad, con la meta de que «los autónomos no tengamos que volver a padecer las consecuencias de los impagos y de los atrasos en los pagos por parte de las administraciones públicas». «Debemos caminar para que el pago de facturas se realice en un máximo de 30 días, como se establece desde Europa», dijo Amor, que apostó por un régimen sancionar para las administraciones públicas que «no cumplan y que sean morosas».
