La llegada del verano en la provincia de Cádiz vuelve a encender las alarmas entre colectivos de vivienda, y Tarifa, uno de los principales focos turísticos del litoral gaditano, se encuentra una vez más en el ojo del huracán. Según ha denunciado la Federación Linense de Asociaciones de Vecinos Inmaculada (FLAVI), junto al Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Cádiz y la plataforma El Puerto Para Vivir, se calcula que más de 4.000 personas serán expulsadas de sus casas en la provincia durante los próximos meses por lo que denominan «desahucios invisibles».

Este fenómeno, cada vez más extendido, hace referencia a los alquileres de temporada, contratos de corta duración que finalizan en cuanto comienza el verano para liberar los inmuebles y destinarlos al turismo vacacional. En Tarifa, este modelo se ha convertido en una práctica habitual, empujando fuera del municipio a decenas de familias trabajadoras, muchas de ellas con empleo precario ligado al mismo sector turístico que provoca su expulsión.

“Tarifa es uno de los municipios más afectados. Aquí, la mayoría de los pisos disponibles en plataformas digitales son ya de temporada o turísticos, y eso deja fuera del mercado a quienes necesitan un hogar durante todo el año”, denuncia el Sindicato de Inquilinas.

Los colectivos consideran que esta situación es consecuencia directa de un vacío legal en la Ley de Vivienda estatal, que no regula con claridad los alquileres temporales, permitiendo que muchos arrendadores los usen como vía de escape a la regulación del alquiler residencial tradicional. A esto se suma la alta rentabilidad económica que genera el alquiler turístico durante julio y agosto, incentivando aún más el abandono del alquiler estable.

“Se trata de un fraude de ley masivo”, afirman. “La mayoría de estos inquilinos son familias y trabajadores que quieren vivir y trabajar aquí todo el año, no turistas”.

Además de denunciar la situación, las organizaciones han anunciado una campaña en redes sociales y movilizaciones en la provincia, incluyendo acciones simbólicas en el Ayuntamiento de Cádiz el 30 de junio y en El Puerto de Santa María el 19 de julio. Desde el Campo de Gibraltar, también se alzan voces que piden la vuelta de OCON Sur (Oficina de Coordinación Operativa de la Vivienda) y un plan de inversiones públicas en vivienda para frenar esta deriva especulativa.

“La turistificación y mercantilización de nuestros pueblos no solo encarecen la vivienda hasta hacerla inaccesible, también nos condenan a vivir en una precariedad estructural”, lamentan los colectivos.

Mientras tanto, en Tarifa, muchas personas ya hacen las maletas. No porque se vayan de vacaciones, sino porque no pueden seguir pagando o renovando su contrato. Son expulsadas en silencio, sin desahucio judicial, sin noticia en los medios. Es el otro lado del verano gaditano.