La Federación Provincial de Ecologistas en Acción de Cádiz ha reclamado al Ayuntamiento de Tarifa que actúe con “máxima diligencia y transparencia” en la ejecución de la sentencia firme dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Algeciras en relación con el conocido como caso ‘Las Piñas’. La resolución judicial quedó declarada firme mediante diligencia de ordenación de 10 de diciembre de 2025.
Según ha trasladado la organización ecologista, el fallo —emitido el 8 de octubre de 2025— obliga al Consistorio tarifeño a iniciar y tramitar sin demoras el procedimiento de revisión de oficio del acuerdo plenario que aprobó el Proyecto Urbanístico de Las Piñas el 29 de marzo de 2022, así como de las licencias de obras y actividad concedidas posteriormente a la empresa Desarrollos e Inversiones Tarifa S.L. La sentencia también condena al Ayuntamiento al pago de las costas del proceso. Foto ; Imagen de la finca.
El colectivo sostiene que la resolución judicial confirma las dudas planteadas en su recurso, al acreditarse que el proyecto se aprobó sobre la parcela 107 del polígono 25, clasificada en el Plan General de Ordenación Urbana como Suelo No Urbanizable. Este extremo podría implicar —según Ecologistas en Acción— la nulidad de pleno derecho de las actuaciones al no ajustarse a la normativa urbanística vigente, lo que “pone en cuestión la gestión urbanística del anterior equipo de gobierno” y expone al municipio “a posibles responsabilidades”.
La organización ambientalista valora la sentencia como “un freno” al modelo urbanístico que, a su juicio, venía impulsando el Ayuntamiento, al que atribuye impactos sobre el paisaje y los recursos hídricos. Por ello, ha instado formalmente al actual equipo de gobierno a informar públicamente y “con claridad y detalle” de las medidas adoptadas para cumplir la resolución judicial.
Entre las cuestiones sobre las que reclaman información figuran la fecha de inicio del procedimiento de revisión de oficio, la fase actual de tramitación del expediente, la solicitud de informes jurídicos preceptivos y la posible adopción de medidas cautelares de suspensión de obras y actividades de la promotora mientras se resuelve el procedimiento. El colectivo también pide que el Ayuntamiento convoque una comparecencia pública para dar cuenta del cumplimiento de la sentencia.
Ecologistas en Acción enmarca este caso en un contexto de “saturación turística” y “dificultad de acceso a la vivienda” en Tarifa, y reclama un cambio de rumbo en la política urbanística municipal, paralizando otros proyectos que considera de carácter especulativo y priorizando la promoción de vivienda social.
La organización anuncia que continuará realizando seguimiento del expediente y utilizará “todas las vías legales y sociales” para garantizar el cumplimiento de la ley y la protección del territorio.
