La plataforma ciudadana Tarifa No Se Vende (TNSV) ha instado al Ayuntamiento de Tarifa a clarificar la situación administrativa y urbanística del vallado instalado en la zona de Cardenal Cisneros, tras considerar que podría estar afectando al tránsito peatonal habitual de los vecinos.

Según expone el colectivo, tras la enajenación en 2025 de un terreno de aproximadamente 670 metros cuadrados, el barrio Don Juan de Austria habría visto interrumpido un eje de paso que, aseguran, la vecindad ha utilizado “de forma pública y natural durante más de medio siglo”. En este contexto, TNSV confía en que la administración local ejerza su labor de tutela para garantizar que cualquier actuación privada se ajuste a la normativa vigente y respete los derechos de movilidad de los residentes.

La preocupación de la plataforma se produce después de recibir una notificación oficial en la que el consistorio admite a trámite una solicitud de información presentada al amparo de la Ley de Transparencia (Expediente 2026/554 G), fijando un plazo máximo de un mes para emitir una respuesta definitiva. Aunque valoran positivamente la apertura del procedimiento, desde TNSV subrayan la necesidad de que se realice una inspección urbanística técnica.

En su escrito, la plataforma señala la existencia de “indicios” de que el cerramiento podría estar invadiendo el Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT) o sus zonas de servidumbre. Asimismo, apuntan que la instalación del vallado habría implicado el desplazamiento de mobiliario urbano municipal, extremo que consideran relevante para la evaluación de la legalidad de la actuación.

TNSV solicita al Ayuntamiento que facilite, “a la mayor brevedad posible”, copia de la licencia de instalación del vallado y que aclare si existe algún derecho de paso, ya sea legal o derivado del uso consuetudinario, hacia el paseo marítimo.

Desde la plataforma insisten en que su objetivo es “colaborar con las instituciones” para evitar la posible consolidación de infracciones y asegurar que el desarrollo urbano del municipio se produzca en equilibrio con los espacios de convivencia ciudadana. El colectivo recuerda que, aunque la normativa contempla la figura del silencio administrativo negativo, confían en una resolución que priorice el interés general y permita restablecer la normalidad peatonal en la zona.