La organización ecologista Verdemar Ecologistas en Acción ha denunciado que el Tratado entre la Unión Europea y el Reino Unido respecto a Gibraltar, publicado el 26 de febrero de 2026, supone “en la práctica” la desprotección efectiva de unas 25.000 hectáreas integradas en la Red Natura 2000, especialmente en la Zona de Especial Conservación (ZEC) del Estrecho Oriental.

Según la organización, aunque el texto no incluye un capítulo específico que regule fondeaderos, rellenos o bunkering desde el punto de vista ambiental, sí incorpora disposiciones aduaneras que consolidan y facilitan actividades marítimas de alto impacto en un espacio protegido europeo, sin añadir nuevas salvaguardas ecológicas.

Bunkering: simplificación aduanera sin garantías ambientales

Verdemar alerta de que el tratado contempla expresamente el suministro de combustible a buques (bunkering) dentro de los procedimientos aduaneros especiales entre Gibraltar y la UE. En concreto, permite importar combustible por vía marítima tras completar formalidades aduaneras en un puesto designado de la Unión —como Algeciras— sin necesidad de presentación física del producto en dicho punto, así como exportar suministros a buques con destino a terceros países tras completar los trámites.

La organización sostiene que estas disposiciones consolidan y agilizan el bunkering en aguas del Estrecho de Gibraltar, una actividad que, recuerdan, ha sido objeto de denuncias por riesgo de vertidos, contaminación marina y afección a hábitats protegidos. A su juicio, el acuerdo prioriza la fluidez comercial frente a la protección ambiental.

Fondeaderos y presión sobre la ZEC

El tratado no establece nuevas zonas de fondeo ni regula expresamente su ubicación. Sin embargo, tampoco introduce límites ambientales específicos a los fondeaderos ya existentes frente a Gibraltar.

Verdemar advierte de que se mantiene la presencia de grandes buques fondeados en las inmediaciones de la ZEC, lo que incrementa el riesgo de vertidos accidentales y genera una presión acumulativa sobre hábitats marinos protegidos. La organización considera que la ausencia de regulación concreta supone una omisión grave en un enclave estratégico y ambientalmente frágil.

Rellenos en la zona Este

Otro de los puntos señalados es la falta de referencia expresa a los rellenos vinculados al proyecto urbanístico conocido como Eastside o Marina Este. Según Verdemar, parte de estas actuaciones afectan a la ZEC del Estrecho Oriental, alterando fondos marinos, corrientes y procesos de sedimentación, además de plantear riesgos para la calidad del agua por los materiales empleados.

Marco jurídico y denuncias abiertas

La organización sostiene que las actuaciones denunciadas podrían vulnerar la Directiva Hábitats 92/43/CEE, la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina 2008/56/CE, la Ley de Costas y la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Asimismo, recuerda que la Audiencia de Cádiz mantiene diligencias abiertas por posibles delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente relacionados con los rellenos y la ocupación de aguas consideradas españolas.

Verdemar ha trasladado también sus denuncias a instancias europeas, solicitando que se incorporen cláusulas ambientales explícitas en los acuerdos post-Brexit que afecten a Gibraltar y al entorno del Estrecho.

Críticas a la Unión Europea

A juicio del colectivo ecologista, el tratado consolida el régimen aduanero que facilita el bunkering, no introduce límites ambientales específicos a los fondeos, no regula ni condiciona los rellenos en la zona Este y no incorpora mecanismos reforzados de protección de la Red Natura 2000.

“Este tratado consolida actividades altamente impactantes en un espacio protegido europeo. Se admiten vertidos, se consolidan rellenos, se facilita el bunkering y se mantienen fondeaderos sin control ambiental reforzado. Es, en la práctica, la desprotección de 25.000 hectáreas de la Red Natura 2000”, señalan desde la organización.

Verdemar ha anunciado que continuará impulsando acciones legales, institucionales y europeas para exigir la protección efectiva del Estrecho y el cumplimiento estricto de la normativa ambiental vigente en uno de los espacios marinos más valiosos del Mediterráneo occidental.