El grupo Los Verdes de Europa-Tarifa ha comunicado la existencia de posibles irregularidades administrativas y medioambientales en relación con el parque eólico denominado “La Locustura”, cuyo expediente se remonta al año 1999.
Según la formación, el proyecto presentaría diversas incidencias documentales y posibles incumplimientos normativos, entre ellos la distancia respecto a la carretera N-340, en las inmediaciones del viaducto conocido como “de los 13 arcos”. Asimismo, indican que la instalación se encuentra en un entorno próximo a espacios naturales protegidos.
La organización también apunta a una posible falta de actuaciones inspectoras por parte de la Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Cádiz, en relación con el seguimiento del proyecto y el cumplimiento de la normativa vigente.
En este contexto, el colectivo “Somos Tarifa”, junto con el COCN, solicitó acceso al expediente administrativo para conocer la situación del parque eólico. Según informan, inicialmente dicha documentación no fue facilitada, alegándose que se trataba de un expediente antiguo no digitalizado. Tras una reclamación ante la Consejería de Transparencia, se les indicó la posibilidad de consultarlo presencialmente.
Los Verdes de Europa-Tarifa señalan que, según la información disponible, en 2019 se habría concedido una autorización vinculada a una modificación considerada “no sustancial”, relacionada con la repotenciación de la instalación. Añaden que existen discrepancias entre la ubicación reflejada en la documentación y el emplazamiento actual del parque.
Asimismo, indican que en 2020 el proyecto aparece vinculado a actuaciones bajo el ámbito de la Consejería de Hacienda y fondos europeos, lo que, según el grupo, requeriría una revisión detallada de los procedimientos administrativos seguidos.
La portavoz del grupo, Rosmarie Hennecke, ha señalado que, según su valoración, las condiciones de ubicación del aerogenerador podrían requerir un análisis técnico en relación con riesgos derivados de factores meteorológicos, en referencia a antecedentes ocurridos en la zona en 2011.
Por último, la formación solicita una revisión del expediente, así como actuaciones administrativas que permitan verificar el cumplimiento de la normativa aplicable y garantizar la seguridad y la protección medioambiental.
