Delegados de la organización sindical CSIF trasladaron al Partido Popular sus principales reivindicaciones en defensa del personal penitenciario durante un grupo de trabajo celebrado el pasado viernes en Tarifa y centrado en la lucha contra el narcotráfico desde las instituciones.
La reunión contó con la participación de representantes sindicales y de distintas organizaciones, convocados por el Partido Popular para analizar posibles medidas frente al avance de las redes de narcotráfico. Durante el encuentro, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP y diputada, Cuca Gamarra, presentó una iniciativa legislativa destinada a incorporar un nuevo artículo en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que regule la respuesta de estos cuerpos ante ataques directos de narcotraficantes, incluyendo supuestos relacionados con el uso de armas.
Por su parte, los representantes de CSIF aprovecharon la cita para reclamar que el ámbito penitenciario sea tenido en cuenta dentro de las políticas de lucha contra el narcotráfico. El sindicato expuso la existencia de un déficit de personal en los centros penitenciarios, la falta de medios materiales y formativos y el incremento de las agresiones sufridas por los trabajadores de prisiones.
Además, la organización sindical alertó de que la futura aplicación de la Ley Orgánica de multirreincidencia podría provocar un aumento de la población reclusa, agravando una situación que, a su juicio, ya resulta complicada debido a la escasez de efectivos.
Entre los asuntos planteados también destacó la preocupación por la introducción en prisión de sustancias estupefacientes de alta toxicidad impregnadas en pequeños fragmentos de papel, una práctica que, según CSIF, está generando nuevos riesgos para trabajadores e internos. Los representantes sindicales entregaron un dosier informativo con propuestas para afrontar esta problemática.
Por último, CSIF defendió la necesidad de que el personal de Instituciones Penitenciarias sea incluido en cualquier futura declaración de Zona de Especial Singularidad para la provincia de Cádiz, al considerar que estos profesionales también desempeñan una labor especialmente sensible frente a las consecuencias del narcotráfico.
