La palabra Justicia tiene su origen en el latín iustitia, que a su vez deriva de ius (derecho o lo que es justo) e iustus (justo). Etimológicamente, se refiere a la cualidad de actuar con equidad, rectitud y dando a cada persona lo que le corresponde.
Sin embargo, el término justicia tiene tres acepciones principales: como virtud moral (dar a cada uno lo suyo), como valor jurídico (el conjunto de reglas y normas que rigen una sociedad) y como institución (el sistema judicial y los tribunales encargados de aplicar el derecho). Pero también es el resultado de una lucha continua de la gente en las calles contra los que tienen el poder e imponen las reglas.
Por eso no se puede negar el fuerte deterioro de la confianza ciudadana en la Justicia y en la fuerte polarización del sistema. Según las encuestas, más del 65% de la población percibe la existencia de lawfare (guerra judicial o judicialización de la política); y cada una de tres personas considera que los jueces tienden a favorecer a la derecha. O, como digo yo, al menos ciertos sectores de la judicatura no son ciegos sino tuertos (del ojo derecho).
Pero, es más, a estas alturas, no creo que la justicia sea igual para todos. Ni que el Poder Judicial (CGPJ) controle a los jueces. Y, además, entiendo que la Justicia está obsoleta en su estructura básica y se ha vuelto la herramienta política más usada en nuestra sociedad. Así que nada se aleja tanto de lo que creo que debe ser la justicia como la española.
Estos son los datos. En España hay unos 5.800 jueces. Según la última memoria publicada del CGPJ, su comisión disciplinaria adoptó 17 acuerdos, de los cuales archivó dos e impuso sanciones en 15 restantes: seis suspensiones de funciones de entre 20 días y cinco meses -por reincidencia en falta muy grave; retraso injustificado y no abstenerse el magistrado cuando concurrían las causas legales para que así fuera-, y 9 multas de entre 400 y 2.500 euros -por retrasos, revelar datos de un procedimiento fuera de los cauces de información judicial establecidos; y exceso, abuso de autoridad o falta grave de consideración-.
Está claro que hay conductas muy desviadas por parte de algunos jueces, que hacen mal su trabajo, pero que no son sancionados por sus compañeros. Es lo normal. Y la lista de jueces condenados por prevaricación es más bien corta, solo ocho entre 1995 y 2012.
¿Cuál es el problema? Que detrás de un juez, siempre hay otro juez. Si se produce alguna resolución judicial que parece desproporcionada o llama la atención por contradecir otras previas o incluso simultáneas en sentido contrario, explica el magistrado Joaquim Bosch, miembro de la asociación
Jueces para la Democracia, “una instancia superior puede revocarla”. “Es lo que creo que hará la Audiencia Provincial del Madrid ante lo inverosímil e insólito del caso de Begoña Gómez, con la retirada de pasaporte, porque dice el juez Peinado, “que la policía puede ayudar a la esposa del presidente a huir”. Qué barbaridad. La apariencia de desempeño con equidad e imparcialidad es tan clave como su esencia, lo ha fijado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero para algunos jueces ni caso.
Además de la vía disciplinaria y de los recursos durante el procedimiento, está la penal, pero demostrar el dolo, es decir, el “a sabiendas” que requiere el delito de prevaricación es muy complicado, como admiten miembros del CGPJ.
Querellarse contra un juez fue lo que hizo, precisamente, Jesús de Polanco, el empresario fundador de El País, con el juez Gómez de Liaño después de que este abriera una causa contra él, por el caso Sogecable, y decidiera prohibirle abandonar España sin su autorización. El Supremo condenó al juez en 1999 a 15 años de inhabilitación para cargo público, con la pérdida definitiva de su cargo de magistrado por un delito continuado de prevaricación. Posteriormente fue indultado por Aznar.
Además, unas causas se agilizan en los tribunales y otras se retrasan porque afecta a una persona u a otra. No todas somos iguales ante la Justicia. Pero en el caso concreto de la Audiencia Nacional dicen los profesionales que es un órgano hipertrofiado, sin recursos suficientes y, para colmo, heredero del Tribunal de Orden Público del franquismo.
Otra de las anomalías de la Justicia respecto a los países de nuestro entorno es que el Supremo es una sala cuya composición es determinada por los principales partidos a través del Consejo General del Poder Judicial, y debería estar para unificar la doctrina jurisprudencial, no para juzgar a nadie.
Pero, ¿qué se puede hacer para mejorar la justicia? ¿Qué reformas hay que acometer para que los ciudadanos no pierdan toda la confianza en los jueces? Según los profesionales, hay algunas esenciales que pueden despejar las suspicacias y el fuego cruzado de unos con otros: Cambiar el acceso a las plazas de juez, despolitizar los mecanismos de gobernanza de los magistrados, trasladar la instrucción a los fiscales y dotar de mayor independencia a la fiscalía general del Estado.
Estas son algunas de las medidas, pero también creo que en la judicatura tiene que haber demócratas, y no los herederos del TOP. Seguramente una mayoría de togados trabaja, cumple y rinde, profesional y éticamente, a plena satisfacción. Pero hay una minoría que exhibe sectarismo, parcialidad y sesgo. Con enorme impacto, por el ruido de sus resoluciones o porque anida en la sala más famosa del Tribunal Supremo. Todos ellos son los que nos alejan tanto de cualquier Justicia. Y así estamos.