Últimamente, parece que, por desgracia, la palabra “inmigrante” activa todas las alertas en muchas personas, incluso van a decidir en noviembre el sentido de su voto teniendo en la cabeza solo esta cuestión.
En realidad, la inmigración da buenas noticias sobre un país, pues a ningún lugar que sea un malo para vivir acude voluntariamente un inmigrante. Lo esencial es que nosotros necesitamos a los emigrantes tanto como los emigrantes nos necesitan a nosotros. O más.
Que muchos extranjeros quieran quedarse dice muchísimo de la calidad de vida en el país de acogida, y descarta, desde luego, las condiciones de bienestar de los países o regiones de origen ya sea Marruecos o cualquier país subsahariano o sudamericano.
Todavía recuerdo la miseria en la que se vivía en algunos pueblos de Jaen en mi época de niño, pues mi padre se trasladó a esa provincia por razones de trabajo. En los años cuarenta de la España franquista había cartillas de racionamiento y mucha hambre, algo menos en el Campo de Gibraltar gracias al contrabando.
En esa época y en los años cincuenta muchas personas migraron a la Argentina o Venezuela de entonces. O a una Alemania aún severamente bombardeada en la que, pese a todo, se vivía bastante mejor que en la España de los años cincuenta y sesenta.
Ahora, con las elecciones generales en puerta, se está poniendo en cuestión el derecho a ser votantes a aquellos que, en virtud de la Ley de Memoria Democrática (2022), han adquirido la nacionalidad por ser descendientes de los exiliados políticos de la dictadura.
Estos nuevos españoles, como tales, pasaron a ser inscritos en el censo electoral, pero los jueces del Tribunal Supremo suspendieron cautelarmente el 8 de septiembre este derecho fundamental de más de 400.000 personas a petición de Vox por ser descendientes de exilados. La cifra es inusual y vislumbra un riesgo para el tribunal. Espero que no acaben matando moscas a cañonazos.
El verdadero propósito de Vox es que el Tribunal Supremo autorice que se eliminen del censo electoral y del derecho al voto de los españoles que proceden del exilio exterior en contra de la constante voluntad del legislador desde 2007.
En este sentido, Vox ha pedido al Supremo que, si no se garantizan las medidas cautelares, se suspenda el voto de todos los beneficiarios de la ley de nietos, cumplieran o no los requisitos exigidos por el alto tribunal.
A los afectados por la suspensión de su derecho al voto no se les ha comunicado esa medida, ni se le han dado pautas sobre cómo proceder para obtener la certificación que solicita el alto tribunal, ni ante quién deben exhibirla para recuperar su derecho al voto.
La Abogacía del Estado en su recurso abunda que, aunque ahora se les informase de esas medidas, se llegaría tarde porque no habría tiempo efectivo para que recurrieran: “El emplazamiento en este momento procesal en ningún caso haría desaparecer ni decaer la indefensión ya producida, que no quedaría subsanada”, dicen.
Además, este colectivo tiene una razón principal para su nacionalización, la superior capacidad de adaptación habida cuenta de sus orígenes, aprovechando, además, el estímulo que supone para ellos el triste hecho de que, en algunos de los antiguos países de acogida, las actuales condiciones de vida son, por decirlo suavemente, difíciles o peores que las de la España actual.
No puedo concebir, como hacen los ilustres magistrados del Tribunal Supremo, que estos nuevos votantes vayan a alterar los resultados electorales del mes de noviembre. Esto sería solo ontológicamente posible si se pudiera conocer el sentido del voto de este colectivo, lo que no creo que sea factible, solo porque sus abuelos fueron exiliados.
Pero, lo que es una barbaridad, es que a un español ilegítimamente se le prive del derecho al voto y se vulneren sus derechos constitucionales. Una realidad tan carente de discusión y sentido, que cuesta comprender que se haya producido este fallo en el Supremo con solo un voto discrepante de una magistrada.
Ojalá que, en esta situación de politización de la justicia y judicialización de la política, esta cuestionable resolución no sirva para enrarecer más el ambiente. Al final, que un colectivo tan sumamente vulnerable como el de los foráneos sea un tema de disputa electoralista, recuerda a aquellos párrafos atribuidos a Shakespeare: “Si vosotros, que queréis expulsar violentamente a los extranjeros, os vierais obligados a abandonar vuestra patria, ¿qué nación os daría cobijo, si se rigiera por vuestros mismos parámetros? Sólo entonces acabaríais limpiando vuestras necias mentes con vuestras propias lágrimas…