Verdes de Europa denuncia contradicciones entre el Ayuntamiento y la Junta sobre el procedimiento ambiental y reclama transparencia sobre las autorizaciones y los fondos europeos. La formación pide recuperar la alternativa del polígono industrial para garantizar la continuidad de la actividad y el empleo.
La nueva ubicación de la conservera de Tarifa en El Brocón vuelve al centro del debate político y ambiental. Verdes de Europa-Tarifa ha registrado este lunes, 26 de octubre, una reclamación ante el Ayuntamiento y la Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para exigir que se aclaren las discrepancias entre ambas administraciones sobre el procedimiento ambiental aplicable al traslado de Industrial Conservera de Tarifa, S.L.U.
La organización acompaña su reclamación con nuevas fotografías que muestran una estructura metálica levantada, maquinaria y terrenos acondicionados. En las imágenes también aparece un cartel que identifica el proyecto de traslado, ampliación y mejora tecnológica de la industria, anuncia una inversión total de 8.416.329,82 euros y señala que está financiado por la Unión Europea.
La formación reclama conocer las autorizaciones que amparan las actuaciones y la documentación que acredita el cumplimiento de las obligaciones ambientales. También pide aclarar qué controles se han realizado y qué administraciones han intervenido en la tramitación.
Ayuntamiento y Junta discrepan sobre el procedimiento ambiental
El principal motivo de la reclamación es la diferencia de criterios entre las dos administraciones sobre la evaluación ambiental que requiere el proyecto.
Según la documentación aportada por Verdes de Europa-Tarifa, un informe del arquitecto municipal fechado el 3 de abril de 2025 consideraba que la actividad estaba incluida en el anexo II de la Ley de Evaluación Ambiental y debía someterse a una autorización ambiental unificada simplificada, competencia de la Administración autonómica. El Ayuntamiento también habría considerado indispensable esa autorización para conceder la licencia de actividad.
Sin embargo, en una respuesta fechada el 16 de octubre de 2026, la Delegación Territorial de Medio Ambiente sostiene que el proyecto no está incluido en los anexos I ni II de esa ley y concluye que corresponde aplicar una calificación ambiental municipal.
Esta diferencia afecta tanto al procedimiento exigible como a la administración responsable de tramitarlo. Por ello, Verdes de Europa-Tarifa reclama que se aclare documentalmente qué régimen se ha aplicado y se compruebe qué condiciones ambientales se han exigido antes de continuar con la actuación.
La Junta afirma que no dispone de los estudios específicos
La respuesta de la Delegación Territorial señala que no dispone de una solicitud de tramitación o consulta del promotor ni de los informes técnicos y jurídicos, estudios y evaluaciones incorporados al expediente municipal. Entre la documentación mencionada figuran los análisis relativos a posibles afecciones a la Red Natura 2000 y a los efectos acumulativos o combinados con otras actuaciones.
La formación precisa que esta respuesta no demuestra que dichos informes no existan en el Ayuntamiento, pero considera necesario identificar dónde se encuentran, qué aspectos examinan y cómo se ha coordinado la intervención de las distintas administraciones.
La portavoz de la formación, Rosmarie Hennecke, advierte de que la exclusión de un proyecto de los anexos de evaluación ambiental no permite descartar automáticamente otras obligaciones de protección ambiental.
En este sentido, defiende que deben examinarse las posibles afecciones directas e indirectas a espacios protegidos, tanto de manera individual como en combinación con otros planes y proyectos.
La organización también pide que se justifique la normativa aplicada, teniendo en cuenta la entrada en vigor de la nueva legislación ambiental andaluza, sus disposiciones transitorias y la fecha de inicio del procedimiento.
Una inversión anunciada de más de 8,4 millones de euros
El cartel instalado en las obras identifica a Industrial Conservera de Tarifa, S.L.U. como promotora del proyecto de traslado, ampliación y mejora tecnológica de la industria de manipulación y envasado. También incluye referencias a la Junta de Andalucía, el Gobierno de España y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
La inversión total anunciada asciende a 8.416.329,82 euros, aunque la información visible no especifica el importe de la subvención europea, el porcentaje de financiación comunitaria ni las cantidades efectivamente concedidas o abonadas.
Por este motivo, Verdes de Europa-Tarifa reclama identificar el expediente de ayuda, el organismo encargado de su gestión, las condiciones de financiación y los controles ambientales asociados al proyecto.
La formación asegura que lleva solicitando información a distintos órganos relacionados con los fondos europeos desde enero de 2025. Según la documentación que aporta, el Ministerio de Hacienda acusó recibo de sus comunicaciones el 13 de julio de 2026 y anunció su traslado, aunque la organización afirma que sigue pendiente una respuesta sustantiva sobre la financiación.
El traslado estaba vinculado al convenio urbanístico de Granparcela
Otro de los aspectos señalados por la formación es la relación entre el traslado de la conservera y la transformación urbanística del frente litoral de Tarifa.
El borrador de convenio urbanístico con Granparcela, S.L. recogía expresamente esta conexión. En concreto, su cláusula décima, situada en la página 12, vinculaba la operación al traslado de la fábrica La Tarifeña y contemplaba facilitar las autorizaciones, el proyecto de actuación y las licencias necesarias.
El Ayuntamiento desistió de tramitar ese borrador mediante un decreto de Alcaldía fechado el 26 de septiembre de 2024, que supuso el archivo del procedimiento.
No obstante, la tramitación de la nueva ubicación de la conservera en El Brocón continuó posteriormente, con la aprobación del proyecto de actuación el 9 de mayo de 2025.
Para Verdes de Europa-Tarifa, esta secuencia hace necesario aclarar qué actuaciones siguen adelante, cuál es su fundamento administrativo y qué relación mantienen con la operación urbanística inicialmente planteada.
La formación subraya que la continuidad de la tramitación de la conservera no demuestra que el convenio siga vigente ni que toda la operación prevista para el frente litoral continúe en marcha.
Recuperar el polígono industrial para proteger el empleo
Junto a las exigencias de transparencia ambiental y financiera, Verdes de Europa-Tarifa reclama que se vuelva a estudiar la alternativa de trasladar la actividad conservera a un polígono industrial.
La organización recuerda que esta posibilidad ya estaba presente en las reivindicaciones de los trabajadores del sector en 2009, cuando reclamaban el traslado de las conserveras al polígono de La Vega.
Su propuesta pasa por mantener la producción en Tarifa, conservar los puestos de trabajo y modernizar las instalaciones en un emplazamiento industrial adecuado, con los servicios y las autorizaciones correspondientes.
La formación considera que la protección del empleo debe ir acompañada de garantías para la continuidad de la actividad y sostiene que no puede utilizarse como argumento para dar por resueltas las cuestiones ambientales relacionadas con El Brocón ni para supeditar el futuro de la conservera a la transformación urbanística de los terrenos del frente litoral.
La organización reclama transparencia y seguimiento europeo
La reclamación registrada este lunes se suma a las solicitudes de información presentadas anteriormente ante distintas administraciones.
Entre ellas figura una petición al Ayuntamiento presentada el 13 de octubre de 2026, que, según la formación, todavía se encontraba dentro de su plazo ordinario de respuesta en la fecha de la nota.
Verdes de Europa-Tarifa también recuerda que la Comisión Europea registró su denuncia con la referencia CPLT(2026)03547 y comunicó posteriormente su intención de archivarla al considerar que se trataba de un caso individual, concediendo un plazo para presentar observaciones.
La organización considera que la nueva documentación administrativa y gráfica resulta relevante para esas observaciones. No obstante, el registro de la denuncia no implica que la Comisión haya declarado la existencia de una infracción.
La formación concluye reclamando que el Ayuntamiento y la Junta resuelvan sus discrepancias, identifiquen las autorizaciones que amparan las actuaciones y faciliten el acceso a la documentación ambiental y financiera que pueda hacerse pública.
El objetivo, sostiene, debe ser compatibilizar la continuidad de la conservera y la protección de sus trabajadores con las garantías ambientales y el uso adecuado de los fondos públicos.
