TCAM/EP   La secretaria provincial del PSOE de Cádiz, Irene García, ha asegurado este lunes que es «la primera a la que no le gusta, para nada, el tipo de soluciones» como la que el partido ha adoptado para resolver la crisis abierta con el Grupo Socialista de la Diputación, consistente en la apertura de un expediente a los seis diputados contrarios a que ella misma relevase a José María Román en la Portavocía del Grupo tras negarse éste a acatar una serie de directrices de la Ejecutiva Provincial.

   Preguntada sobre este asunto en rueda de prensa, García ha insistido en la necesidad de que «los debates internos se queden ahí» para poder hablar de los problemas de los ciudadanos. Por ello, aboga por «acabar de una vez por todas con esto de que cada uno diga lo que le parece», ya que en el partido, que «probablemente sea el más democrático que existe», hay cauces para dirimir este tipo de cuestiones, y «cuando el partido decide, decide», ha sentenciado.      García ha vuelto a pedir «respeto a la Dirección Provincial que ganó legítimamente el Congreso» de julio, que recuerda que fue «bastante intenso». Asegura que se va a «continuar en la senda del diálogo», pero incide en que tiene que haber «acatamiento de las decisiones del partido, porque el partido está siempre por encima de todos nosotros».

   Ahora hay un proceso abierto que «tiene su camino», pero espera que haya «altura de miras» y que «el sentido de la responsabilidad impere por encima de otros intereses» y, por ello, dice que no tiene «claro» si en el Pleno que la Diputación Provincial de Cádiz celebra este miércoles será ella quien ejerza finalmente como portavoz o si seguirá haciéndolo el actual portavoz, José María Román.    Finalmente, García ha indicado que «espera y desea» que, resuelto el expediente, no se llegue al escenario que supondría la expulsión de los seis diputados díscolos con la Ejecutiva, entre los que figuran los alcaldes de Villaluenga del Rosario y La Línea de la Concepción, Alfonso Moscoso y Gemma Araujo, respectivamente.