La Corporación en Pleno de la Diputación de Cádiz ha aprobado una modificación de presupuestos que permitirá colaborar con los ayuntamientos de Tarifa, La Línea, Algeciras y San Roque al objeto de hacer frente a la retirada de las playas afectadas por el alga invasora Rugulopterix okamurae. Todos estos ayuntamientos han solicitado esta asistencia a la administración provincial. En total, se destinarán 217.000 euros que servirán para ayudar a estos ayuntamientos en los gastos extraordinarios de limpieza y eliminación que les supone la retirada de arribazones de esta alga asiática.
La medida se anunció durante la última reunión del Grupo de Trabajo Estable sobre el Alga Invasora, celebrada en Tarifa el pasado 13 de mayo, aunque estaba pendiente de determinar el procedimiento y la cuantía, que es lo que se ha aprobado hoy. Ésta se ha determinado en función de los gastos que han realizado los consistorios afectados en años anteriores con motivo de la presencia de esta especie en sus playas. En desglose, Tarifa recibirá una ayuda de 65.000 euros; Algeciras, 40.000 euros; La Línea, 92.000 euros y San Roque, 20.000 euros.
Barbate también ha solicitado esta asistencia a la Diputación y recibirá el apoyo de la administración provincial, pero no mediante una subvención. Según ha respondido la presidenta, Irene García, a un ruego formulado por el diputado de AxSÍ, Miguel Molina, el Ayuntamiento no puede recibir ayudas debido a sus deudas con la Seguridad Social. No obstante, la Diputación prestará su colaboración al municipio mediante una contratación con medios propios, tal y como se informó ayer mismo al Ayuntamiento barbateño.
Además del punto de modificación de presupuestos y los ruegos, el alga invasora ha protagonizado más momentos durante la sesión. Por unanimidad de todos los grupos se ha aprobado una propuesta de AxSí que, en resumen, pretende que se aprueben las autorizaciones de comercialización del alga invasora; que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ponga en marcha un Centro de Control coordinado con la Junta de Andalucía y ayuntamientos para la ejecución de un plan de choque inicial; se acelere el proceso de aprobación del plan de actuación para este verano y que se pongan en marcha otras medidas, como un plan de apoyo a la pesca artesanal y un plan de investigación.
Por unanimidad se han aprobado la mayoría de las proposiciones tratadas en el Pleno de este mes. Así, el grupo Popular ha obtenido el respaldo de la Corporación para que la Diputación de Cádiz inste al Gobierno Central a «impulsar una política explícita de apoyo al sector pesquero a través de actuaciones que favorezcan la alimentación saludable que supone el consumo de pescado», así como «complementar el actual desarrollo de campañas educativas y de promoción de su consumo, con el establecimiento de un régimen impositivo adecuado y acorde a su importancia como producto de primera necesidad, a la crisis de consumo existente, y en reconocimiento a su labor para combatir las patologías relacionadas con una mala alimentación».
Mismo resultado ha tenido la propuesta del grupo Socialista para instar al gobierno andaluz a «dotar y complementar con, al menos, otros 50 millones de euros el plan específico de empleo para Andalucía puesto en marcha por el Gobierno de España», además de establecer los mecanismos necesarios para que los ayuntamientos y diputaciones de Andalucía participen en la gestión de los fondos de esa iniciativa.
También se han mostrado a favor todos los presentes en la sesión para mostrar el apoyo de la Diputación a María Salmerón y pedir al Consejo de Ministros que «revisen el caso con objeto de analizar las posibilidades legales para la concesión del indulto«. Ha sido una propuesta del grupo Adelante Cádiz, que ha puesto sobre la mesa la situación de esta vecina de Sevilla, víctima de violencia de género, que ha entrado en prisión por incumplir el régimen de visitas de su hija con el padre.
Un último punto respaldado por toda la Corporación ha sido solicitar a todos los grupos la presentación ante el Pleno de la contabilidad específica y las facturas -o documentos con igual valor probatorio- justificativas de las dotaciones recibidas durante el período comprendido entre los años 2015 y 2020, ambos inclusive.
Por último, por mayoría se ha aprobado una propuesta del grupo Ciudadanos que plantea instar al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a la aplicación de los coeficientes de jubilación anticipada al personal sanitario y sociosanitario, así como la clasificación de esta actividad profesional como trabajo de naturaleza excepcionalmente penosa, con la consiguiente reducción de la edad mínima exigida para tener derecho a la pensión de jubilación.
