En la mañana de hoy la Comisión de Hacienda del Parlamento de Andalucía, ha aprobado, por unanimidad, una proposición no de ley presentada por el grupo de Unidas Podemos por Andalucía en la que se recogen la propuesta elaborada por la asociación de afectados y familiares del accidente del hotel 100% Fun de Tarifa, en relación con los protocolos de inspección de los transformadores eléctricos en nuestra comunidad autónoma.
Mediante la iniciativa, defendida por la diputada de Izquierda Unida, Inmaculada Nieto, el Parlamento de Andalucía insta al Consejo de gobierno a adoptar antes de que finalice 2021 protocolos de obligado cumplimiento que garanticen la revisión y ampliación de la capacidad, o en su caso sustitución, de los transformadores sometidos a sobrecarga, así como tendentes a garantizar que la empresa distribuidora de electricidad realice análisis de capacidad de cada transformador previo a la admisión de conexión de nuevos solicitantes
La portavoz de UP ha recordado que el pasado 5 de agosto se cumplieron cuatro años del fatal accidente provocado por la explosión de un transformador de Endesa en el hotel 100% Fun deTarifa, ocasionando la muerte a dos de sus trabajadoras y gravísimas heridas a otras seis personas empleadas del hotel que arrastran secuelas muy importantes.
Así como que las víctimas y sus familiares se constituyeron en asociación y comenzaron una intensa actividad enfocada tanto a recabar respaldo, asesoramiento y ayuda de la administración para afrontar el doloroso proceso psicológico y físico desencadenado por el accidente, como a esclarecer lo sucedido para conseguir que se depuraran responsabilidades y evitar tragedias similares a la padecida por ellos.
Nieto ha puesto de manifiesto que en el ámbito judicial ha finalizado la fase de instrucción, estando el proceso penal pendiente de la fecha de inicio del juicio oral. Las diligencias y pruebas practicadas durante estos años apuntan que no se sostiene la explicación ofrecida por Endesa tras el accidente, que consideraba fortuita la deflagración. De hecho, el auto del Juzgado de Instrucción nº 4 de Algeciras, señala que los hechos pueden ser constitutivos de dos delitos de homicidio por imprudencia grave, en concurso con seis delitos de lesiones también por imprudencia grave, atribuibles a tres técnicos de Endesa.
Este Parlamento ya logró un acuerdo unánime promovido por el Grupo parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía en la pasada legislatura. En virtud del mismo, el Ejecutivo debió adoptar una serie de medidas en favor de la asociación que nunca han llegado a materializase, sin menoscabo de la implicación personal del actual consejero que las víctimas siempre han reconocido recordaba igulamente.
De igual forma la portavoz de UP añadía en la defensa de su proposición que las conclusiones de los informes periciales ponen en evidencia que el transformador en cuestión estaba sometido a un régimen de sobrecarga severo desde el año 2013, sin descartarse que dicha situación pudiera remontarse al año 2009. La sobrecarga se producía prácticamente a diario durante el periodo estival, llegando a alcanzar factores de carga por encima del 175%en los momentos de mayor demanda.
Esta trágica explosión, por tanto, pudo evitarse. Todo indica que Endesa no realiza los preceptivos análisis de capacidad de sus activos para garantizar las condiciones de seguridad previas al permiso de enganche de cada nuevo peticionario. Tampoco la administración autonómica, competente para ello, cuenta con un protocolo que fiscalice el cumplimiento de la empresa distribuidora de sus obligaciones legales en este sentido. Si como todo apunta, Endesa sigue sin realizar las comprobaciones pertinentes, y la Junta no modifica sus protocolos para exigir a la empresa el cumplimiento de la ley, en Andalucía podría registrarse otra deflagración por sobrecarga de un transformador de desenlace incierto argumentaba Inmaculada Nieto.
Un último apunte abunda en la necesidad de adoptar medidas. El número de accidentes provocados por transformadores ha crecido exponencialmente en los últimos años de manera muy preocupante. Desde 2017 se han incendiado 118 transformadores en Andalucía, de los cuales 35 lo han hecho en lo que va de año. No es de recibo que una pequeña asociación, con recursos modestos y directamente afectada por este problema, sea la que esté reclamando actuaciones para que se cumpla la ley, y que la administración mantenga unos protocolos que evidentemente no sirven para hacerla cumplir concluía la exposición de la portavoz de UP.
