La consejera del ramo, Elena Cortés (IU), ha explicado en rueda de prensa que esa es la cifra de personas que han acudido a la oficina provincial del programa, en la sede de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda, solicitando los servicios de intermediación para evitar el desalojo una vez se encontraban ya en mora con la entidad hipotecaria. «Todas estas familias continúan en sus casas, con lo que se cumple el objetivo fundamental del programa», ha señalado la consejera durante el acto de adhesión de once municipios a dicha iniciativa. Se trata de los municipios de Jimena de la Frontera, Zahara de la Sierra, Alcalá de los Gazules, Rota, Prado del Rey, Chipiona, Setenil de las Bodegas, Villamartín, Villaluenga del Rosario, Ubrique y Torre Alháquime, además de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz. En total, son ya 31 los ayuntamientos gaditanos en el programa. La oficina de Cádiz, bien en su sede de la Delegación de Fomento y Vivienda o bien a través de los ayuntamientos adheridos, ha atendido a 627 familias. De ellas, 59 han sido en el área de prevención, antes de que los usuarios del servicio entraran en mora con la entidad financiera. Estos casos han sido resueltos favorablemente, evitando preventivamente un riesgo de vulneración del derecho a la vivienda. «Cuanto antes se acude a la oficina, mejor», ha señalado Cortés, que ha recordado que este área del servicio se ve ahora reforzada por Ley de Protección de Consumidores de Productos Hipotecarios aprobada por el Gobierno andaluz. Las 474 familias en riesgo de desahucio que han acudido a la oficina en el área de intermediación continúan en sus casas. «Son desahucios que hemos evitado con fórmulas como la dación en pago con o sin alquiler social, la renegociación de las condiciones de los préstamos hipotecarios, carencias en la amortización de capital, ampliación de plazos, reducción del tipo de interés, cláusulas suelo, suspensión del lanzamientos y subastas», ha enumerado Cortés. La consejera ha explicado que, incluso en los casos en que la negociación sigue abierta, las familias se mantienen en sus viviendas, lo que demuestra que «cuando la Administración se pone de parte del eslabón más débil, lo refuerza y dificulta enormemente el desalojo». En el área de protección han acudido a la oficina 94 familias. En estos casos, la mediación de la Junta abarca medidas que van desde contactar con las entidades financieras o con los juzgados para intentar dilatar o suspender los desalojos hasta pedir a los servicios sociales de los ayuntamientos que arbitren soluciones de urgencia, supervisando en todo caso que la familia no queda sin alternativa habitacional.CESIÓN DE UN LOCAL A LA PAH Por otro lado, Cortés ha informado durante su visita de la cesión de un local público a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para que instalen su sede en Jerez. El establecimiento cedido es titularidad de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) y está situado en la promoción de 112 viviendas de la Junta en el Polígono Sur de Jerez, concretamente en la calle William Shakespeare. La cesión, con una duración de dos años prorrogables, se sustenta en un convenio firmado por la consejera Elena Cortés y el presidente de la PAH en Jerez, Lorenzo Barba. El acuerdo contempla la cesión del local con un compromiso por parte de la entidad beneficiaria de asumir el coste de la adecuación del espacio, que tiene una superficie útil de 97,37 metros cuadrados. Esta iniciativa se enmarca en el programa de protección socioeconómica a partir del patrimonio público disponible titularidad de la Junta desarrollado por EPSA. Esta medida persigue la puesta en uso de este patrimonio público no adjudicado para iniciativas de promoción social y económica que propicien la autoorganización social para dar respuesta a necesidades básicas de la población en situación dificultad. «La PAH forma parte de lo mejor y más admirable de la sociedad. Es un colectivo movilizado, organizado y comprometido que defiende una causa justa, el derecho humano a una vivienda digna y adecuada, consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía, por citar tres textos fundamentales», ha señalado Cortés, quien ha animado a la PAH a «seguir batallando y manteniéndose en el centro del conflicto de la vivienda».
