En una nota, Diputación ha recordado que el Pleno de la Corporación Provincial celebrado en mayo aprobó una modificación presupuestaria que permitirá financiar un nuevo plan de mejoras en carreteras, presupuestado en 4,3 millones de euros. Esta reserva supera, ampliamente, la cuantía de anteriores programas.
En las nuevas previsiones se incluyen dos actuaciones en vías localizadas en el término de Tarifa: nuevos medios destinados a la seguridad vial en la CA-8202, de Bolonia, conforme a un importe de 250.000 euros, y mejoras en la CA-9210 (Santuario) estimadas en 230.000 euros. En suma, casi medio millón de euros.
Al margen de las tareas de mantenimiento, la actuación más reciente de Diputación en carreteras localizadas en Tarifa se resolvió precisamente en la vía de Bolonia, con motivo de las obras de contención de la plataforma viaria. A esta intervención se destinaron más de 110.000 euros.
Otro de los asuntos analizados en la reunión fue el Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA). La actual edición de este programa, en cuya financiación intervienen las administraciones estatal, autonómica y provincial, incluye dos obras en Tarifa como son la construcción de una oficina multiusos y la reparación del camino de Potrero Alto.
Entre las dos actuaciones se alcanza un presupuesto cercano a los 124.000 euros y 53 contrataciones. En el encuentro entre Pizarro y Ruiz Giráldez se ha confirmado un incremento presupuestario para la próxima anualidad. Diputación asume la gestión integral de las obras asignadas a Tarifa.
La asistencia técnica ha sido otro de los ámbitos tratados en el encuentro. En esta ocasión, aún más pertinente, a tenor de la reciente constitución del Servicio de Asistencia a Entidades Locales (SAEL). Javier Pizarro afronta en la actualidad una ronda de contacto con los Ayuntamientos para explicar las prestaciones de la nueva entidad.
El SAEL, entre sus facultades, puede asistir en cuestiones de planeamiento urbanístico; redacción de pliegos de contratación, ordenanzas y reglamentos municipales; elaborar estudios, planes y programas de competencia municipal; prestar asesoramiento jurídico, técnico, económico e incluso asumir la defensa jurídica del ayuntamiento o entidad local; así como atender en procesos formativos o de selección de personal, entre otros servicios.
