El PP culpa a la alcaldesa Gemma Araujo del conflicto con las cofradías

 

Redacción TCAM/ M.J.R

A través de un comunicado, el PP ha reaccionado así a la decisión adoptada este sábado 31 de marzo de 2012 por el Consejo Local de Hermandades y Cofradías de La Línea de la Concepción, que, tras anunciar en un principio la suspensión de todas las procesiones por la «falta de seguridad» derivada de la escasez de policías locales, 35 de los cuales están de baja por enfermedad, ha dejado finalmente en manos de las cofradías la decisión de desfilar o no por las calles del municipio gaditano.

A juicio de los ‘populares’, la alcaldesa socialista, Gemma Araujo, es la responsable de esta situación «por no ejercer su responsabilidad, que es abonar los salarios a los trabajadores y mantener la seguridad ciudadana tanto para la Semana Santa como el resto de los 365 días del año», así como por «incumplir el convenio firmado por el Consejo Local de Hermandades y Cofradías».

En opinión del PP, La Línea no tiene «en estos momentos» efectivos «suficientes» para garantizar la seguridad de esta localidad de 70.000 habitantes.  

Apoyo popular a las Hermandades de La Línea

El Partido Popular de La Línea se ha posicionado junto a todo el mundo cofrade «por su esfuerzo, trabajo y responsabilidad a lo largo de los años con el fin que los linenses tengan una Semana Santa que es, gracias a las gestiones del PP y el Consejo, de Interés Turístico de Andalucía», algo que los populares creen que Araujo «no ha sabido valorar», y ha mostrado su rechazo a que se intente responsabilizar a las hermandades de lo ocurrido.

Desde el grupo popular se ha criticado a la alcaldesa por convocar este sábado a todos los grupos políticos «a 24 horas del comienzo de la Semana Santa» y para «descargar» sobre ellos «su incapacidad en la gestión diaria, que ya dura nueve meses», algo que, según los ‘populares’, «suele hacer cuando está con la soga al cuello».

Por último, el PP traslada su «solidaridad» a «todos los trabajadores municipales y a la Policía Local», colectivos a los que, a su juicio, la alcaldesa «trata de criminalizar» y «hacer responsables de la situación creada por ella», cuando, en realidad, «están sin cobrar desde hace nueve meses» y «están incluso perdiendo sus hogares».

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