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La Fundación Migres tiene ya el visto bueno del pleno para el planeamiento que prevé la reconstrucción y rehabilitación de los antiguos barracones e instalaciones militares de la batería de Costa D8 Punta Camorro. Se trata de conformar el futuro Centro Internacional del Estrecho para el estudio de la migración y el cambio climático.

El proyecto cuenta con los informes preceptivos de la delegación provincial de Medio Ambiente y los técnicos municipales, pero aún así salió adelante con el voto en solitario del Partido Popular. El resto de grupos se abstuvo atendiendo a una carta remitida por el colectivo Cigüeña Negra que previamente ha mostrado sus reservas al referido proyecto a favor de Migres.

Desde la alcaldía se ha insistido en que, según el procedimiento administrativo, es precisamente el acto de acuerdo plenario lo que se toma como contestación a las alegaciones. Por otro lado, el informe de Medio Ambiente responde ya a las dudas expresadas por Cigüeña Negra como también recordó Juan Andrés Gil en la sesión plenaria de ayer noche.

Al pleno se llevó también el borrador de la futura ordenanza fiscal que regulará el cobro de tasas por el estacionamiento de vehículos en las denominadas “zonas azules”. Hasta ahora se carecía de un reglamento municipal que regulase los precios y tasas abonadas por los conductores y éstos términos fueron los aprobados por el pleno de ayer. 

Con los votos del gobierno se aprobaron también las fiestas locales del calendario del 2013 que este año recaerán en el lunes de resaca de la Feria, 9 de septiembre, y en el día de la Virgen del Carmen 16 de Julio, martes.

Por otro lado, el  pleno tomó nota de la renuncia presentada a su acta de concejal por la socialista Paola Moreno. El primer edil tarifeño expresó en este punto la consideración de todo el pleno a la trayectoria de servicio público brindado hasta la fecha por la edil socialista.

Donde sí hubo consenso fue en el rescate de la concesión a la firma AGE Generación Eólica para la explotación del parque eólico municipal. El Ayuntamiento que ha constatado el incumplimiento reiterado del contrato, quiere buscar nuevas opciones que puedan rentabilizar los cerca de 14 megawatios asignados al parque tarifeño.