Lo harán después de que las elecciones andaluzas hayan constatado que el terreno de la derecha política está dividido en tres: con el PP a la cabeza pero menguando, Ciudadanos pisándole los talones y Vox, la organización ultra, irrumpiendo como novedad y con ansias de instalarse en las instituciones a largo plazo.
Este evento fue diseñado, en pleno verano del 2018, por un Casado que acababa de ser elegido líder del PP en sustitución del dimitido Mariano Rajoy. Su proyecto inicial era celebrarlo en diciembre y que tuviera como eje principal una «actualización» de la Constitución -que cumplía en ese mes 40 años- orientada a reforzarla, según decían. Pero el adelanto electoral en Andalucía provocó un cambio de fechas. Y de objetivos: ahora será la base de los futuros programas electorales de la formación. Además, el cónclave se dejó en un principio en manos del presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, para que se ocupara de su coordinación. Con el paso de los meses el jefe de los populares decidió que la parte ideológica, la más delicada sin duda, quedara bajo responsabilidad de Adolfo Suárez Illana, hijo del que fuera presidente del Gobierno y director de la nueva fundación Concordia y Libertad, ligada al partido
Según ha explicado públicamente el propio Suárez Illana, la propuesta temática en la que está trabajando demostrará que el equipo de Casado está dispuesto a «mojarse» en cuestiones sensibles. Según fuentes populares, se están diseñando las bases de un proyecto de «ley de concordia» con la intención de que, si el PP recupera la Moncloa tras las próximas generales, sustituya a la vigente Ley de Memoria Histórica y le otorgue una especial relevancia a los «consensos logrados en la Transición». Eso, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez está ocupado con los trámites legales finales para llevar a cabo la prometida exhumación del Valle de los Caídos de los restos del dictador español, Francisco Franco.
Asimismo se dará especial relevancia al combate del independentismo en Catalunya, uno de los temas calientes para el Estado pero especialmente para un PP en plena competencia electoral con Cs y Vox. Está previsto que en esta Convención, en cuyos debates públicos participarán personas ajenas al partido, se ponga sobre la mesa una propuesta legislativa para la defensa de la Corona, la bandera y el himno, además del pack ya conocido que incluye el despliegue indefinido de un 155 severo en las administraciones catalanas.
Junto a esto se abogará por la recuperación de la convocatoria ilegal de referéndum en el Código penal; la ilegalización de partidos o asociaciones que fomenten la violencia; la modificación de la Ley de financiación de partidos para evitar subvenciones a organizaciones con condenados por rebelión o sedición y la reforma de la Ley de indultos para evitar que en un futuro puedan beneficiarse los dirigentes del procés si son condenados.
En el ámbito de la seguridad y política interior, el PP quiere aprovechar la reunión de enero para repasar sus propuestas en inmigración (campo donde compite directamente en dureza con Vox) apostando por el uso intensivo de las devoluciones en caliente y el mantenimiento de las concertinas en la frontera. Asimismo pretende darle un nuevo impulso a su demanda de mantener e incluso hacer más férrea la figura de prisión permanente revisable, incluyendo su aplicación a quien asesine y oculte el cadáver de su víctima o secuestre con consecuencia de asesinato, entre otras cosas.
En terreno antiterrorista, el equipo de Pablo Casado es partidario de frenar en seco los acercamientos a Euskadi de presos de ETA y de modificar el artículo 578 del Código Penal, de forma que el mero anuncio de un homenaje a terroristas sea punible. También de la revisión del artículo 76.2 de la ley general penitenciaria, a fin de que se exija a los etarras en prisión la colaboración efectiva para el esclarecimiento de crímenes de la banda si quieren pasar del primer a segundo grado
