TCAM-SEVILLA/María José Romero

El sindicato UGT en Andalucía ha considerado «desproporcionada» la orden de la jueza Mercedes Alaya, instructora del caso ERE, de meter en prisión al exconsejero de Empleo de la Junta, Antonio Fernández, así lo han manifestado en un comunicado.

Desde UGT Andalucía han dejado claro que están a favor de llevar ante la justicia a todo aquel que haga un uso fraudulento de los fondos públicos destinados a los ERE, actuando con contundencia, pero entienden que tras cuatro días de interrogatorios hacia el exconsejero de Empleo que ha constestado a todas las preguntas sin acogerse a su derecho a no declarar, «no se ha puesto de manifiesto que haya habido aprovechamiento personal ni particular de ningún tipo. No se ha probado que el señor Fernández se haya adueñado de nada. Creemos que hay que distinguir entre quienes han hecho uso particular del sistema y quiénes no».

^{Mercedes Alaya, jueza instructora del caso de los ERE de la Junta}

Según el escrito enviado por UGT-A, ninguna de las acusaciones y los delitos que se le imputan a Antonio Fernández tienen la dimensión suficiente para decretar prisión provisional sin fianza, ya que consideran que no existe riesgo de fuga debido a su notoriedad. Para este sindicato, se podía haber decretado la libertad condicional hasta que un tribunal juzgase al exconsejero. 

«Los abogados de UGT Andalucía, que forman parte de la acusación en la causa, entienden que no se ha demostrado en todo el proceso de investigación que haya habido un uso privado de fondos públicos por parte del señor Fernández», de esta forma finaliza el comunicado de UGT-Andalucía.

La orden de la jueza es «absolutamente radical»

A título personal, el secretario general de UGT en Andalucía, Manuel Pastrana, ha considerado «absolutamente radical» que la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, haya ordenado el ingreso en prisión sin fianza del exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández, y ha calificado de «opereta» el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) así como las actuaciones del propio juzgado.

En rueda de prensa, Pastrana ha manifestado que se trata de una decisión desproporcionada, asegurando que «hay indicios de que la decisión de la juez, por la dimensión que tiene, estaba previamente definida». El lider sindical ha acusado a parte de la acusación de tener intereses políticos en este caso. 

^{Manuel Pastrana, secretario general de UGT en Andalucía} 

Pastrana ha recordado además que UGT forma parte de la acusación, sin embargo, ha incidido en que sus abogados, tras cuatro días en los Juzgados de Sevilla, «no han encontrado ningún elemento, ni se ha puesto de manifiesto en el interrogatorio, que Fernández se haya lucrado y aprovechado personalmente de los ERE».

Según ha indicado el dirigente sindicalista, «la causa que se le imputa, al entender de sus letrados y a partir de ahí la valoración sindical, parece que no tiene suficiente dimensión como para decretarse la prisión provisional y más cuando hay casos de gestores públicos de otros países que, incluso con condenas firmes, andan paseándose sin haber ingresado en la cárcel».

Al hilo, Pastrana ha considerado que «quien haya empleado o se haya aprovechado del sistema en beneficio propio tiene que pagarlo, claramente, pero hay que hacer distinciones entre quienes han hecho uso particular del sistema y quienes no». Por ello, ha señalado que «plantear que hay causa para sospechar de una posible fuga del exconsejero le parece algo desproporcionado».

Por último, Manuel Pastrana ha hecho hincapié en que cree que «en absoluto lo que hay ahora mismo sobre la mesa, ni las acusaciones de posible fuga, son elementos suficientemente de peso como para haber tomado esta medida tan absolutamente radical».