El futuro de las 97 viviendas públicas en alquiler proyectadas en Tarifa no solo se ha convertido en un asunto técnico y judicial, sino también en un debate sobre el modelo de ciudad y el destino del suelo público. La denuncia presentada por Verdes Europa Tarifa ha puesto bajo lupa un proyecto que el equipo de gobierno defiende como una oportunidad histórica para ampliar el parque de vivienda social.
Desde 100×100 Unidos por Tarifa insisten en que la iniciativa cumple con la normativa y supera múltiples filtros institucionales debido a su financiación europea. Recuerdan que el proyecto está sometido a controles de la UE, el Estado y la Junta, además de los órganos municipales, y sostienen que la construcción en suelos de equipamiento es compatible con su uso para alquiler social, siempre que se mantengan espacios municipales.
No obstante, el debate ha ido más allá del plano jurídico. La reubicación provisional de asociaciones y colectivos que ocupaban instalaciones en extramuros ha generado inquietud sobre cómo afecta el proyecto al tejido social existente. El grupo municipal reconoce que los nuevos espacios no pudieron entregarse antes de tiempo por los requisitos de la subvención, y defiende que los realojos serán temporales y darán paso a instalaciones más amplias y mejor dotadas.
En paralelo, el Ayuntamiento ha ofrecido alternativas habitacionales a las familias residentes en la zona afectada, asumiendo los costes durante las obras. 100×100 Unidos por Tarifa subraya que el objetivo es compatibilizar la construcción de vivienda protegida con la protección social de los vecinos implicados.
La tensión política se ha agudizado tras la denuncia de Verdes Europa Tarifa, a quienes el grupo municipal acusa de poner en riesgo la financiación europea pese a declararse defensores de la vivienda pública. Desde el gobierno local advierten de que una eventual paralización del proyecto podría suponer la pérdida de fondos y, con ello, responsabilidades legales por los daños al interés general.
