La Plataforma Ciudadana Tarifa No Se Vende (TNSV) ha reiterado su exigencia de “rigor en la vigilancia urbanística”, subrayando que “el cumplimiento de la ley no es opcional y la Administración debe velar por ello”. El colectivo defiende que su actuación responde a “un ejercicio de civismo” orientado a la protección de la salud pública.
En un comunicado difundido recientemente, la asociación ratifica su posición sobre el procedimiento seguido en la retirada de amianto durante las obras de demolición de las antiguas naves y la casa de almadraberos de la fábrica conservera. Tras las informaciones publicadas en algunos medios, TNSV insiste en que la labor municipal “no debe limitarse a la concesión de licencias”, sino incluir “una vigilancia activa y rigurosa” para asegurar el cumplimiento estricto de los protocolos de seguridad, especialmente en proyectos de alta sensibilidad ambiental.
La Plataforma recuerda que la ubicación del inmueble, colindante con dos centros educativos, exige una “presunción de riesgo extremo”, tal y como marca la normativa. Según el colectivo, “se ha omitido el deber de informar a la dirección de los centros sobre el calendario de trabajos y las medidas de seguridad”, una notificación que consideran obligatoria para garantizar la protección del alumnado y de la comunidad escolar.
Falta de información pública en la obra
TNSV afirma haber constatado un “incumplimiento notorio del deber de publicidad”. A su juicio, la presencia de un cartel genérico de “peligro” resulta “insuficiente” para una actuación de esta envergadura. La entidad señala la ausencia del cartel informativo visible que debería detallar datos como el emplazamiento exacto, el promotor, la empresa constructora, la dirección facultativa encargada de la coordinación de seguridad y salud y el número de licencia.
Dudas sobre la ejecución técnica
En el plano técnico, la Plataforma advierte de una posible vulneración del orden de actuación establecido para trabajos con amianto. La normativa, recuerda, prohíbe un derribo general sin el desmontaje previo y manual de los elementos contaminados. Además, alude a imágenes difundidas por un medio digital local en las que, según TNSV, se observa a un operario manipulando materiales “sin los equipos de protección individual obligatorios”, lo que podría suponer una infracción del Real Decreto 396/2006.
Asimismo, el colectivo cuestiona la gestión de los residuos retirados. La presencia de materiales “simplemente precintados” en la parcela podría contravenir, indican, los artículos 311 y 313.1 del Reglamento de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (RGLISTA), que exige carga directa y retirada inmediata de residuos peligrosos.
Petición de medidas preventivas
La asociación también menciona la “aparente falta de captadores de aire” en la linde con los centros educativos y la ausencia de “protocolos de riego constante” para minimizar la dispersión de fibras. En este contexto, TNSV considera su intervención “un acto necesario de responsabilidad” ante lo que califica de vigilancia administrativa “insuficiente”.
La Plataforma concluye que continuará exigiendo al Ayuntamiento que ejerza su autoridad para garantizar “riesgo cero”, defendiendo que el cumplimiento estricto de la ley y la protección de la salud pública “deben prevalecer sobre cualquier interés o urgencia en la ejecución urbanística”.
