El partido Verdes de Europa-Tarifa ha denunciado la implantación del proyecto eólico “La Ese”, ubicado entre el Parque Natural de los Alcornocales y el Parque Natural del Estrecho, en las inmediaciones de la N-340, cerca del viaducto de los 13 arcos.Foto archivo
La formación ecologista recuerda que la zona ya fue escenario de incidentes en el pasado, como la caída en 2011 de un aerogenerador del retirado parque eólico de Alstom, que se desplomó junto a la carretera por su proximidad al trazado viario.
Críticas a la falta de transparencia
Los Verdes denuncian el “silencio administrativo” de la Consejería de Medio Ambiente ante la solicitud de autorización de esta nueva instalación, lo que, según afirman, evidencia opacidad, dilación en los procedimientos y una política de hechos consumados. La portavoz del grupo, Rosmarie Hennecke, advierte de que se trata de “un abuso de poder que está llegando a límites insoportables” y que pone en entredicho la credibilidad de las instituciones.
Distancias y normativa
El colectivo recuerda que, según el BOJA de 10 de marzo de 2005, los aerogeneradores deben instalarse a una distancia mínima de 120 metros del eje de las carreteras. En el caso de molinos superiores a 80 metros de altura, la normativa eleva esa distancia a una vez y media su altura. Según los ecologistas, el emplazamiento elegido no cumpliría estas condiciones y generaría riesgos similares a los que motivaron la retirada de generadores en 2011.
Riesgos para la seguridad y el medio ambiente
La portavoz de Verdes de Europa-Tarifa plantea varias incógnitas:
“¿Qué lógica lleva poner en esta zona un molino?”
“¿Quién tiene interés en esta infraestructura?”
“¿Dónde está la autorización ambiental y la garantía de no afección a los parques naturales colindantes?”
Hennecke advierte de que las condiciones climatológicas de Tarifa, como los fuertes vientos o la aparición de pequeños tornados, podrían provocar accidentes graves. “¿Se pretende poner en peligro a la ciudadanía y que en caso de caída sean los vecinos quienes asuman daños y perjuicios?”, cuestiona.
El partido denuncia lo que consideran una gestión “inmoral y contraria al interés público”. “Ya no podemos considerar a las administraciones como autoridades”, señalan, calificando la situación de “caótica” y exigiendo una revisión transparente y rigurosa del proyecto antes de que se materialice.
