Los menores se encontraban en una situación de alto riesgo al haber sido privados de la atención médica necesaria de manera deliberada. Un matrimonio procedente de los Países Bajos fue detenido en el puerto de Tarifa cuando intentaba abandonar territorio español con destino a Marruecos, llevándose ilegalmente a sus tres hijos menores de edad. La intervención tuvo lugar el domingo 18 de mayo a primera hora de la mañana, en el marco de un control de la Policía Nacional en la línea marítima que une la ciudad gaditana con Tánger.
Sobre la pareja pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega emitida por las autoridades judiciales de los Países Bajos, que les acusan de delitos de secuestro, detención ilegal y toma de rehenes. La tentativa de huida se habría producido en contra de resoluciones judiciales firmes dictadas en su país, que establecían órdenes de protección y alejamiento respecto a los menores.
Durante la inspección fronteriza, los agentes constataron que los adultos portaban pasaportes holandés y español, además de objetos de valor, joyas y todo el dinero en efectivo del que disponían, lo que evidenciaría su intención de abandonar de forma definitiva el espacio Schengen y eludir el control judicial. La coordinación internacional a través de la oficina SIRENE permitió detectar a tiempo la salida inminente de la familia y frustrar el intento de fuga.
Situación de alto riesgo
Las autoridades holandesas alertaron de que los niños se encontraban en situación de alto riesgo. Según los informes facilitados, habían sido privados de la atención médica necesaria de manera deliberada. Uno de ellos presentaba lesiones compatibles con malos tratos, entre ellas hematomas subdérmicos con hemorragia cerebral, así como fracturas en distintas partes del cuerpo, que requerían atención neuroquirúrgica urgente.
Ante los indicios de abuso físico, los agentes trasladaron al menor herido a los servicios sanitarios de Tarifa, donde fue atendido por el personal médico. Los signos visibles incluían hematomas, arañazos y otras marcas que reflejarían una situación prolongada de maltrato.
Tras la intervención policial, los tres menores han sido puestos bajo tutela de una familia de acogida, en un entorno seguro gestionado por los servicios sociales de la provincia de Cádiz. El caso se encuentra bajo la supervisión de la Fiscalía de Protección de Menores, que ha iniciado los procedimientos correspondientes para garantizar el bienestar de los niños.
