Ante la información publicada por un medio de comunicación en relación a la subida de un 46% del recibo de la basura en la comarca, la presidenta de la Mancomunidad de Municipios, Susana Pérez Custodio, quiere poner de manifiesto que la referida subida es un imperativo legal, consecuencia directa de la Ley 7/2022 del Gobierno de España que impone un impuesto al vertido.
Pérez Custodio señaló que “ante la imposición de dicho impuesto, de carácter estatal, Arcgisa y la Mancomunidad se limitan a recaudar dicho impuesto, para posteriormente ingresarlo en las arcas públicas del Estado, por tanto, en ningún caso, las arcas de la Mancomunidad, ni de su empresa pública son los destinatarios de la citada recaudación del impuesto estatal, ni se ven beneficiadas por esta subida”.
La máxima representante política de la Institución comarcal quiso recordar a la ciudadanía que el citado impuesto derivado de la obligatoria aplicación de la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular (Ley 7/2022) entró en vigor el pasado 1 de enero de 2023, momento en el que la Mancomunidad era gobernada por el partido socialista y “por razones estrictamente electoralistas, ante la proximidad de las elecciones municipales, dicho gobierno socialista dejó sobre la mesa su aplicación buscando un interés partidista”. Pérez Custodio indicó que “ante la obligación de cumplir con la ley estatal, el actual gobierno de la Mancomunidad no tiene más remedio que proceder a la aprobación y aplicación del impuesto reflejado en dicha norma del Estado y, por tanto, cualquier correlación que se busque entre la aplicación de la ley y obligatoria subida de tasas con un objetivo recaudatorio de la Mancomunidad es falsa y tendenciosa”.
Con respecto a la subida del recibo, Pérez Custodio indicó que el mencionado incremento del 46% de la tasa de tratamiento supone realmente una subida de 25, 25 euros al año (2,10 al mes) fruto de la diferencia entre los futuros 80,13 euros y los 54,88 euros actuales y, por tanto, no es coherente generar “una situación alarma social, en un intento de crítica al nuevo gobierno comarcal, cuando realmente dicha subida deriva de una obligación establecida por una ley del Gobierno de España presidido por el partido socialista”.
