En nota de prensa, la plataforma ciudadana apunta que «Tarifa para invertir es el lema que lanzó una empresa constructora para promocionar una nueva edificación en Tarifa, ello refleja la triste realidad que se da en nuestro pueblo.
La vivienda como derecho fundamental ha pasado a ser una fantasía para la mayor parte de la población, siendo hoy en día un objeto de especulación y de inversión para obtener rentabilidad.
El artículo 47 de la Constitución Española declara que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y atribuye a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho.
Tenemos una ley de ámbito nacional, la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, que da un impulso a la vivienda pública ya que establece un porcentaje mínimo del 50% para vivienda en alquiler dentro del suelo de reserva para vivienda protegida y un incremento de los porcentajes de reserva de suelo para vivienda protegida, del 30 al 40% en el suelo urbanizable, y del 10 al 20% en suelo urbano no consolidado.
A nivel andaluz la vigente Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía incluye entre los fines de la ordenación urbanística establecer las reservas suficientes para vivienda protegida.
En el Decreto 550/2022, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de dicha ley, en su artículo 83, especifica que conforme al artículo 61.5 de la Ley, en los ámbitos de las actuaciones de nueva urbanización se reservará, como mínimo, el treinta por ciento de la edificabilidad residencial para su destino a vivienda protegida. En las actuaciones de reforma interior, dicha reserva será como mínimo del diez por ciento de la nueva edificabilidad residencial.
A pesar de contar con un marco legal sólido, la plataforma expone que parece no haber voluntad política por parte del Ayuntamiento de Tarifa para aplicar estas normativas, ignorando que son servidores públicos que reciben un sueldo que pagamos todos con nuestros impuestos y que han salido elegidos como representantes de los ciudadanos y no de las constructoras e inversores.
La plataforma ciudadana Tarifa No Se Vende anuncia que solicitará todas las licencias de obras concedidas desde la entrada en vigor de la normativa actual, con el objetivo de comprobar el cumplimiento de la misma. Y exige a nuestros representantes municipales que apliquen la normativa sobre vivienda protegida, para que los habitantes del pueblo puedan disfrutar de una vivienda digna y asequible para vivir.» finaliza
