Además han incautado una gran cantidad de tabaco de contrabando para vender. La Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF) de la Policía Nacional en Algeciras ha llevado a cabo la detención de dos personas acusadas de delitos de falsedad documental y contra los derechos de los trabajadores. Los detenidos estaban implicados en la contratación de menores de edad sin permiso de trabajo y en condiciones de explotación laboral.
Esta operación se enmarca dentro del Convenio de Colaboración entre la Secretaría de Estado de Seguridad y el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuyo objetivo es la coordinación entre la Inspección de Trabajo y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.
Las investigaciones policiales permitieron conocer la situación de explotación laboral de un menor de edad en un establecimiento comercial del centro de Algeciras. Los responsables del comercio se aprovechaban de su situación de vulnerabilidad para imponer condiciones de trabajo abusivas, incluyendo jornadas nocturnas sin descanso semanal, la realización de tareas físicas extenuantes como la descarga de material pesado, y el pago de un salario muy inferior al mínimo legalmente establecido.
Durante la inspección realizada en el establecimiento, se descubrió que otro menor de edad también trabajaba en las mismas condiciones sin contrato de trabajo. Ambos menores eran responsables de mantener el establecimiento abierto entre las 08:00 y las 05:00 horas, bajo la supervisión constante de trece cámaras de seguridad instaladas en el local. A través de este sistema cerrado de videovigilancia, los detenidos controlaban en todo momento a los menores y les impartían órdenes constantes.
Durante la inspección, los agentes de la UCRIF también incautaron una gran cantidad de tabaco de contrabando que se encontraba listo para su venta. Los menores eran obligados a comercializar estos productos en el establecimiento y se les imponía la responsabilidad de adoptar medidas para evitar ser detectados por las autoridades. Asimismo, se descubrió que eran amenazados con la retención de sus salarios en caso de no cumplir con estas exigencias.
Los responsables del comercio se enfrentan a posibles condenas de hasta cinco años de prisión por los delitos cometidos y han sido propuestos para sanciones adicionales conforme a la Ley de Contrabando.
La Policía Nacional advierte que estas prácticas abusivas son comunes en diversos establecimientos comerciales en España, lo que no solo perjudica a los menores explotados, sino que también genera una situación de competencia desleal con aquellos negocios que cumplen con la normativa vigente.
En España y en la Unión Europea, la contratación de menores de 16 años está estrictamente prohibida. Además, los mayores de 16 años deben contar con autorización de sus tutores legales y estar dados de alta en la Seguridad Social. En ningún caso pueden realizar turnos nocturnos ni trabajar sin los periodos de descanso legalmente establecidos.
