Jupol denunció el caso vivido en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de San Roque, de donde se fugaron tres internos y en el que, según el sindicato, la detención de 38 inmigrantes se prolongó durante cinco días.
Ha explicado que el Defensor del Pueblo señala que el 4 de julio de 2020 se publicó el protocolo de actuación ante posibles casos importados de covid-19 en el contexto de la inmigración irregular, en el que se recoge el protocolo para la planificación de medidas en el ámbito de la Salud Pública.
Además, ha indicado que el Defensor había requerido información, el 27 de julio, a la Junta de Andalucía, sobre los lugares de alojamiento designados y que «en vista del sucedido con la denuncia de Jupol, se reiteraría de forma urgente».
A juicio de Jupol «la Junta actuó de forma improvisada, al no tener previsto un lugar donde alojar a los inmigrantes», algo que queda patente, añade, en la respuesta del Gobierno andaluz afirmaba que «la solicitud de ampliación en 48 horas de la detención de los inmigrantes era exclusivamente por la necesidad de adaptar un alojamiento».
Jupol ha afirmado que «en el incidente de la semana pasada en el CATE se ha expuesto de forma innecesaria su salud e integridad física» de los policías nacionales, al «prolongar la detención de los inmigrantes durante cinco días en unas instalaciones que no están habilitadas para este cometido».
«Todo ello generó gran nerviosismo entre los inmigrantes y desencadenó la fuga» de tres de ellos, subrayan desde Jupol, que solicita a la Junta «presteza en la gestión en la gestión de los lugares de confinamiento, para que no se tengan que repetir incidentes como el de la semana pasada».
