La plataforma Tarifa No Se Vende reclama transparencia, cumplimiento del proyecto y soluciones urgentes para las familias afectadas. El parque infantil situado en el paseo marítimo de Tarifa sigue cerrado tras más de ocho meses de inactividad, una situación que ha generado creciente malestar entre la ciudadanía. La plataforma vecinal Tarifa No Se Vende ha denunciado públicamente esta situación, reclamando al Ayuntamiento mayor transparencia y el cumplimiento del proyecto de obras que justificó el cierre.
El motivo del cierre es la ejecución del proyecto de nueva conducción de vertido al mar de aguas pluviales y residuales, una intervención promovida por la Junta de Andalucía, con un presupuesto superior a los 11 millones de euros, que contempla la utilización temporal del espacio donde se ubicaba el parque.
No obstante, según la plataforma, no se está respetando la naturaleza temporal de esta ocupación. En el pleno municipal del 29 de mayo, el alcalde José Santos Perea, citando a los técnicos municipales, sugirió que el parque no debería mantenerse en su ubicación original por la previsión de futuras obras. Sin embargo, Tarifa No Se Vende insiste en que el proyecto especifica claramente que el desmontaje del parque es temporal y que, tras la finalización de las obras, debe reponerse en el mismo lugar.
La asociación ha hecho referencia al Anejo nº 21 del proyecto, donde se detalla que los 488 metros cuadrados del parque se destinarán durante las obras a zona de maquinaria, acopio de materiales y excavaciones, pero también se contempla expresamente la retirada y posterior reinstalación del mobiliario infantil en su ubicación original.
Además, señalan que en el capítulo 7.2 del documento técnico se alude de forma explícita a la «retirada y reinstalación de atracciones de juego», lo que refuerza, a juicio de la plataforma, la obligatoriedad de devolver el parque a su sitio una vez concluidos los trabajos.
Otro punto de controversia es el calendario de las obras. La única estimación conocida proviene de declaraciones de la Delegación Territorial de Agua en marzo, que apuntaban al inicio de los trabajos «a lo largo de 2026». Esta ambigüedad ha llevado a la plataforma a sospechar que el cierre del parque se está utilizando como excusa para un traslado permanente no contemplado en el proyecto original.
Ante esta situación, Tarifa No Se Vende exige al Ayuntamiento que actúe con responsabilidad y cese la «dejadez institucional» que está afectando a los más pequeños del municipio. Entre sus peticiones figuran: que se haga público cualquier informe técnico que desaconseje la ubicación original del parque, que se cumpla estrictamente el proyecto vigente con la posterior reposición del parque, y que se habilite sin más demora una zona provisional cercana al paseo marítimo para que las familias puedan volver a disfrutar de este espacio.
«La situación actual es insostenible», afirman desde la plataforma, que recuerda que mientras se decide el futuro del parque, los juegos infantiles deberían haber sido protegidos y conservados adecuadamente. En su lugar, denuncian un abandono prolongado que simboliza, según dicen, «la falta de voluntad política para dar respuesta a una demanda básica de la ciudadanía».
