El grupo político Verdes de Europa-Tarifa ha presentado una propuesta formal a la Dirección General de Pesca Sostenible para que se incluyan buzos observadores como parte del equipo de inspección en las almadrabas andaluzas. El objetivo es garantizar un control efectivo de los atunes que quedan enmallados en las redes, velando por el cumplimiento de las normativas de sostenibilidad y bienestar animal.
La iniciativa surge tras diversas informaciones que apuntan a la práctica del descarte bajo el agua de ejemplares de atún que, por estrés y agonía, sufren un deterioro en la calidad de su carne, lo que reduce su valor en el mercado. Verdes de Europa-Tarifa advierte que esta práctica podría estar relacionada con el incumplimiento de los cupos de pesca permitidos.
Además, el grupo ecologista lleva más de un año intentando acceder a los informes elaborados por los observadores de tierra en las almadrabas de Conil, Zahara, Barbate y Tarifa, mediante una solicitud a la ICCAT (Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico). Sin embargo, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha denegado el acceso alegando “confidencialidad”, a pesar de que tanto los organismos responsables como las empresas implicadas reciben financiación pública y fondos europeos.
«Sin un control visual bajo las aguas y ante la aparición reiterada de atunes muertos durante y después de la temporada de almadrabas, no puede asegurarse ni la sostenibilidad de la pesca ni un sacrificio respetuoso», alerta el colectivo.
La portavoz del grupo, Rosmarie Hennecke, cuestiona:
“¿Se recogieron en esos informes denuncias por maltrato animal causado por el estrés en el copo? ¿Están estas denuncias relacionadas con los cupos de pesca establecidos? La falta de transparencia impide saberlo, y eso es inaceptable.”
El Consejo de Transparencia ya ha fallado a favor de los ecologistas, al considerar que se vulneró el derecho ciudadano a la información pública, incumpliendo los plazos establecidos por ley. Para Verdes de Europa-Tarifa, esto evidencia una grave disfunción en la gestión administrativa, que debería servir al interés general y no ocultar información de relevancia ambiental.
Hennecke añade:
“Nuestras solicitudes a las administraciones no deberían ser necesarias, y mucho menos tener que recurrir a los tribunales para defender el medio ambiente. Es indignante que la ciudadanía, que financia estas instituciones, tenga que luchar contra ellas para obtener información. Hay personas que han sido coaccionadas o despedidas por no soportar la crueldad en estas prácticas. Y aún quedan quienes, de forma inconsciente o interesada, anteponen el beneficio económico al bienestar animal y al equilibrio ecológico.”
Verdes de Europa-Tarifa concluye que, aunque se habla constantemente de sostenibilidad, el Derecho a la Información y la Participación Ciudadana siguen sin cumplirse en la práctica. Y sin estos pilares básicos, advierten, no es posible avanzar hacia una pesca verdaderamente sostenible y ética.
