Por medio de una providencia notificada este lunes a las partes, a la que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada Mercedes Alaya libra oficio a la Guardia Civil para que, «a la mayor brevedad», informe al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla del domicilio del exalto cargo imputado.
Hay que recordar que, la pasada semana, tuvieron que ser suspendidas varias declaraciones de imputados, entre ellas la del exsecretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla, debido a que el mismo no había recibido en su domicilio la citación para comparecer.
En la misma providencia, la juez instructora pone de manifiesto que, «examinadas las actuaciones, consta en las mismas el domicilio» del sindicalista de CCOO Antonio Perianes, por lo que lo cita a declarar este mismo miércoles, «debiendo comparecer asistido de letrado que lo defienda, apercibiéndole que de no verificarlo le será designado de oficio».
Este mismo miércoles también están citados como imputados el exsecretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla por las ayudas concedidas a Altadis; Cristina Ruiz Castillo, gerente de Promi, y el exsecretario general de Empleo Rafael Herrera Gil.
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Como secretario general de Hacienda, «estuvo a las órdenes del titular en aquellas fechas, José Antonio Griñán», por entonces consejero de Economía y Hacienda, y «le correspondería el impulso y la coordinación de la política presupuestaria y además se encontraba adscrito a la Secretaría General de la Intervención de la Junta de Andalucía».
Según indica la juez, «en virtud de lo anterior tendría una activa participación en el uso inadecuado de la partida presupuestaria de las transferencias de financiación en el programa 31L de la Dirección General de Trabajo en el proceso de elaboración de los Presupuestos y, de igual modo, conocería el falseamiento del presupuesto necesario en IDEA, creando gastos inexistentes para que el uso de las transferencias de financiación por parte de la Dirección General de Trabajo a dicha agencia fuera posible».
Asimismo, el nuevo imputado «formaría parte también en el proceso de elaboración presupuestaria de los grupos de trabajo de alta cualificación técnica que cada año se llevaban a cabo para examinar los distintos programas presupuestarios, su contenido, su finalidad y su coste».
CONCESIÓN DE AYUDAS «AL MARGEN DEL PROCEDIMIENTO LEGAL»
La juez relata que, en abril de 2009, el imputado fue nombrado viceconsejero de Economía y Hacienda, y en el tiempo que ocupó el cargo «tendría igualmente una activa participación en la elaboración del Presupuesto de 2010, en el que si bien desaparecieron de los estados de gastos del programa 31L de la Dirección General de Trabajo las transferencias de financiación, en el análisis de los objetivos por programa y en la memoria del citado Presupuesto se establecía como prioridad la continuidad del sistema de transferencia a IDEA para dar cobertura a los compromisos adquiridos en virtud de expedientes de regulación de empleo, planes de jubilación, ayudas para la viabilidad de empresas, en virtud del concierto con IDEA en vigor desde 2001».
Según la instructora, lo anterior «determinaría que en el año 2010, pese a la vinculación de la partida presupuestaria 47/77 recogida en el estado de gastos referido, todo siguiera como en años anteriores, permitiendo así la concesión de las ayudas sociolaborales al margen del procedimiento legalmente aplicable».
