Landaluce ha señalado que «se trata de un asunto de vital urgencia, no sólo para el sector turístico que representa el 14,3 % del Producto Interior Bruto (PIB) de Andalucía, comunidad que recibió más de 32 millones de turistas durante 2019; sino también para el sector pesquero que ha tenido importantes pérdidas a consecuencia del alga invasora.
El sector turístico ha visto como en cuestión de dos años, han sufrido dos crisis económicas, que han hecho reducir exponencialmente las visitas de turistas, ya que la presencia de dicha alga hacía que el baño fuese imposible, además del fuerte olor que tenían que soportar los bañistas; pero, además, este año, también sus ingresos se han visto frustrados debido a la crisis económica producida por la pandemia del COVID-19.
Pero sin duda, el sector pesquero ha visto como tenían déficit, solo saliendo de los puertos, a faenar, como se conoce en el argot pesquero, el arte de la pesca, ya que, según las cofradías de pescadores, cifran en 500 euros por día y barco, las pérdidas producidas por culpa del Rugulopterix Okamurae.
Cabe destacar que, a pesar de que el Delegado del Gobierno en Andalucía durante 2019, aseguró que dicha alga iba a estar incluida en la lista de la Unión Europea, dicho proceso aún no se ha realizado de momento, impidiendo esto que se puedan optar a ayudas para paliar los costes producidos por el alga asiática.
Una vez más, los incumplimientos del Gobierno de Pedro Sánchez, que retrasan la posible recepción de ayudas y, el castigo al que somete el ejecutivo nacional al municipalismo, obligando a que sean los ayuntamientos quienes asuman los costes de retirada del alga invasora, incluyéndolos dentro de las competencias municipales de limpieza de playas.
A modo de ejemplo, informarles que el coste unitario por tonelada de retirada del alga, oscila los 100 euros, coste que es totalmente inasumible por parte de las entidades locales, que son las que a pulmón están al frente de la pandemia del COVID-19.
Esperamos que la moción sea aprobada por todos los grupos políticos que forman parte la Comisión de Transición Ecológica, ya que es un problema que afecta a varias provincias andaluzas, concretamente a las costas de Huelva, Granada, Málaga y Cádiz, y no ocurra como en el debate de la semana pasada para el incremento de personal del Punto de Inspección Fronteriza (PIF) del Puerto de Algeciras, donde los nacionalistas valencianos y vascos, demostraron, una vez más, que no les importa el bien común de España.
